Las vías para que Miño recupere los 20 millones de las expropiaciones de Fadesa se estrechan y el Concello fía su última baza en un recurso con escasas probabilidades de éxito, como reconoce la asesoría jurídica de la Diputación, que defiende los intereses del Ayuntamiento en los juzgados.
El Gobierno local elevará hoy a pleno su propuesta de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que ha rechazado reconocer a Miño acreedor preferente. El alcalde, Ricardo Sánchez, admite que, de no prosperar esta solicitud, "el Concello no recuperará jamás el dinero que está obligado a pagar".
El Ejecutivo municipal confía en conseguir que el Tribunal Supremo revoque el fallo del Juzgado de lo Mercantil y reconozca la deuda de Miño como crédito contra la masa en la liquidación de Fadesa. El juzgado decidió excluirlo de la consideración de crédito preferente porque el contrato entre Concello y Martinsa-Fadesa que dio origen a esa obligación se firmó "con posterioridad a la declaración de concurso".
La juez toma como contrato de referencia del que surgieron las "obligaciones recíprocas" entre las dos partes el firmado en diciembre de 2011, tras realizarse la nueva adjudicación de la urbanización y no el de 2002 porque ése fue anulado por sentencia judicial. Y el contrato de 2011 es posterior al concurso de la inmobiliaria así que no se puede hablar de "obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continuaron en vigor tras la declaración de concurso".
Recurrir la sentencia tiene sus pros, a los que se aferra el Ejecutivo, y sus contras, en los que fundamenta sus recelos el PSOE . El informe del jurista provincial, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que "existen más probabilidades de que no prospere" aunque admite que "habría débiles argumentos para plantearlo". Su propuesta pasa por presentar en paralelo un incidente de inejecución de la sentencia que anuló el acuerdo de 2002 por el que se adjudicó la concesión del desarrollo urbanístico.
La asesoría jurídica plantea dos posibles escenarios sobre el importe de las costas. Admite que "podrían ser importantes" si la cuantía se establece en relación al importe del crédito reclamado; pero que "no serían relevantes" si se fijase en indeterminada, "habida cuenta de que se impugnaría no la cuantía, sino la clasificación".
Las conclusiones del abogado provincial han dado pie a interpretaciones diferentes por el Gobierno local y la oposición. El alcalde, Ricardo Sánchez, defiende que "hay algunas posibilidades de que el recurso sea exitoso" y que "lo más probable es que el monto de las costas sea de escasa entidad". El regidor incide en que el Juzgado de lo Mercantil "reconoce por fin la existencia de una deuda por parte de Fadesa al Concello" y defiende que la única vía para lograr los 20 millones es recurrir el fallo para que reconozca el crédito contra la masa (preferente). "Si no lo hacemos no recuperaremos jamás el dinero", sostiene el mandatario, que defiende que "el Concello tiene la obligación de tratar de recuperar este dinero hasta que no quede ninguna opción por mínima que parezca".
El PSOE se muestra mucho más dubitativo. Los socialistas mantienen que el propio asesor jurídico de la Diputación reconoce en su informe que las posibilidades de que el recurso prospere son "mínimas" y alertan de que las costas podrían dispararse hasta los 300.000 euros. Los socialistas manifiestan su temor además a que el planteamiento de un incidente de inejecución del fallo que anuló la adjudicación de la construcción de la urbanización de Fadesa "podría impedir el pago a los expropiados".
La presentación de este recurso ha derivado en un cruce de acusaciones entre Gobierno local y oposición. El Ejecutivo niega que el recurso perjudique los intereses de los expropiados y acusa al PSOE de actuar de forma "mezquina". Y los socialistas lamentan que el Concello porfíe en su "huida hacía delante".
Plan de pagos
Más allá de los enfrentamientos políticos, lo cierto es que la desestimación del recurso para calificar de preferente la deuda de Fadesa ha sido un duro varapalo para el Concello. El Gobierno local había depositado en este recurso sus esperanzas de poder contraer el crédito de 12 millones a los expropiados sin tener que imponer duros recortes a la ciudadanía.
El Concello deberá presentar este mes un plan de pagos que garantice la devolución del préstamo y hasta ahora se ha negado a aplicar las medidas recomendadas por Intervención. En un informe del pasado 12 de noviembre, el habilitado nacional advertía que para afrontar el crédito, el Concello -con un presupuesto de 12 millones- deberá prescindir del personal eventual, eliminar todas las contrataciones temporales que no sean financiadas íntegramente por otras Administraciones, suprimir subvenciones y subir los impuestos, como IBI y tasa de basuras.
