Gastos que ahogan el rural

22.02.2016 | 00:50
Gastos que ahogan el rural

La merma de los ingresos por tasas e impuestos indirectos, el incremento del gasto corriente y personal y el progresivo envejecimiento de la población en los municipios rurales ha dejado a los pequeños concellos del área brigantina en una situación que algunos alcaldes califican de "insostenible".

Los presupuestos del 2016 de pequeños ayuntamientos como Paderne, Irixoa, Coirós, Aranga, Vilasantar o Vilarmaior muestran hasta que punto estas administraciones, las más próximas al ciudadano, dependen de las transferencias de la Diputación o la Xunta para ejecutar obras y financiar sus servicios.

Municipios como Irixoa, con 1.389 habitantes, prevé disponer para este ejercicio de 1,3 millones, de los que 956.000 euros se irán a pagar nóminas y gasto corriente. Este concello, que dedica más del 40% de sus emolumentos a pagar a la plantilla, recauda por impuestos y tasas 352.860 euros y consigue completar el presupuesto hasta los 1,3 millones a través de transferencias corrientes y de capital.

Paderne dispondrá en 2016 de un presupuesto de 1,3 millones. Este concello de 2.467 habitantes, gastará en pagar nóminas 465.940 euros y en gasto corriente 708.887 euros. Según las previsiones que maneja, contará solo de 107.635 euros para ejecutar obras. Los ingresos por impuestos y tasas alcanzan solo para financiar la tercera parte de su presupuesto, el resto depende de trasferencias.

La recaudación por tributos de Vilarmaior (1.233 habitantes) alcanza solo para financiar la quinta parte de su presupuesto, de 1.003.549 euros. Este concello consigue aún así destinar a inversión un tercio de los ingresos, en su mayor parte aportados por otras administraciones.

La de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 y que impone un techo al gasto y límites al uso del remanente de tesorería y la posterior reforma de la ley de administración local, que amenaza con vaciar a los concellos de menos de 20.000 habitantes de las competencias en servicios sociales, no ha supuesto un alivio para los pequeños ayuntamientos. Más bien al contrario. Concellos como Vilasantar se han visto obligados a aprobar hasta dos planes económicos financieros sin conseguir reducir el déficit. Los consistorios, que siempre se han mostrado reacios a deshacerse de la competencia que justifica en gran medida su existencia, prosiguen prestando los servicios sociales y otorgando ayudas de emergencia para paliar el retraso de las risga. Los alcaldes han criticado en más de una ocasión una ley que amenaza con reducir su autonomía pero que no aclara qué administración asumiría la competencia . La prestación de servicios como ayuda a domicilio en municipios de población dispersa y envejecida y

Pese a la merma de ingresos, los consistorios se han visto obligados a correr con gastos de mantenimiento de equipamientos educativos o sanitarios que, supuestamente, dependen de la Xunta.

Como ventanilla más próxima al ciudadano, los consistorios han decidido a sufragar gastos demandados por la ciudadanía, que se han visto incrementados al mermar las aportaciones de otras administraciones para su puesta en marca.

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