SADA

El PP de Sada alega contra el presupuesto de 2016, que tacha de "ilegal"

Denuncia que las cuentas incumplen la regla de gasto y el Ejecutivo lo niega

24.02.2016 | 01:09

El PP de Sada ha presentado alegaciones al presupuesto de 2016. Los populares sostienen que las cuentas son "ilegales" porque incumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y obligarán al Concello a realizar un plan económico-financiero (un trámite al que han recurrido varios concellos del área, como Arteixo, gobernado por el PP).

Ernesto Anido acusa al Gobierno local de "situarse por encima de la ley" por incumplir la regla de gasto al recoger el desvío de 734.000 euros del remanente a gasto corriente. El PP apela, incluso, a la posible impugnación judicial de las cuentas. "No es nuestra intención acudir a los tribunales, pero no se debe olvidar que nadie está por encima de la ley y que un incumplimiento no sale gratis", incide.

En su informe al presupuesto, el interventor advierte que podría incumplirse la regla de gasto, aunque matiza que es un dato que no puede desprenderse de las previsiones contables, sino que dependerá de los resultados de la liquidación presupuestaria.

El alcalde, Benito Portela, se manifestó ayer en la misma línea. El regidor negó que el presupuesto incumpla la ley de estabilidad presupuestaria y recalcó que "la regla de gasto se incumpliría en la liquidación", no en las previsiones. "Repito lo que dije en el pleno, vamos a hacer el presupuesto más social dentro de la estabilidad", subrayó el regidor, que defiende la conveniencia de reservar los 700.000 euros de remanente para gasto social.

Portela se mostró confiado en que la ley de estabilidad presupuestaria ya no estará en vigor en el momento de la liquidación del presupuesto. Al igual que otros alcaldes del área, Portela manifestó su rechazo a una ley que no distingue entre los concellos endeudados y los que disponen de unas cuentas saneadas a la hora de imponer límites en el uso del remanente.

El alcalde cuestionó también otra de las alegaciones de los populares, que han recurrido la ausencia de una partida para afrontar posibles indemnizaciones judiciales por anulación de licencias. Portela sostiene que el jurista no prevé que haya que abonar pagos durante este ejercicio.

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