El Gobierno local de Miño puso ayer a disposición de los grupos el expediente que se elevará a pleno el próximo martes para dar luz verde al nuevo plan de pagos a los expropiados por la macrourbanización de Martinsa-Fadesa. Como ya informó este diario, el Ejecutivo propondrá finalmente un aplazamiento del abono de la deuda principal, que se había comprometido a pagar el pasado febrero.
En un inesperado golpe de timón, el alcalde, Ricardo Sánchez, ha decidido renunciar a parte del préstamo (a 6 de los 12 millones) concedido por el Estado. Y lo ha hecho tras notificar al Tribunal Superior y a los propios afectados que ya había obtenido el préstamo y que comenzaría a despachar los pagos el pasado mes de marzo.
Según recoge el plan de pagos que el Ejecutivo elevará el martes a debate, durante este año solo se abonarán 6,2 millones. En 2020 prevé pagar otros 3,5 millones por la ejecución de las garantías hipotecarias, aunque admite que la valoración podría variar. Entre los años 2024 y 2028 prevé culminar los pagos con cargo al superávit (los de mayor importe, de 1,05 millones respectivamente los aplaza a 2027 y 2028).
El sorpresivo cambio ha caído como un jarro de agua fría entre los cientos de familias afectadas, que ya contaban con los ingresos por unos terrenos que les fueron expropiados en 2002 . El alcalde justificó este viraje alegando que el préstamo de 12,5 millones "supondría dejar de prestar y poner en riesgo los servicios básicos del Ayuntamiento".
Las explicaciones del regidor no convencen a los expropiados, a la oposición ni tampoco al interventor municipal. El funcionario encargado de velar por una correcta gestión de los fondos públicos emitió un informe el pasado martes (coincidiendo con la rueda de prensa del alcalde) en el que advierte de "una mala praxis como mínimo en la gestión de recursos públicos".
El habilitado nacional recuerda que en julio de 2015 emitió un informe en el que cifraba en seis millones la cantidad asumible por el Concello en base a las condiciones ofrecidas por el préstamo. Destaca que meses después, en diciembre, cuando el Ayuntamiento planteó aceptar los 12,5 millones ya advirtió que conllevaría medidas "muy dolorosas" y que dos meses después presentó un plan económico financiero en que ya detallaba los recortes y subidas de tributos que sería preciso aplicar para garantizar la devolución del crédito, las mismas medidas que invoca ahora el alcalde para justificar la devolución de la mitad del préstamo.
"De ser aceptado este plan de pagos conllevaría tener que acordar la inmediata devolución del excedente, puesto que está generándose una duplicidad de intereses, los que se generan a favor de los expropiados y a favor de la entidad bancaria que nos prestó el dinero, lo que es como mínimo una mala praxis en la gestión de recursos públicos", advierte el funcionario, que considera que este cambio "corrobora lo que esta Intervención indicó en julio de 2015: solicitar prudentemente solamente el montante cuya devolución se pudiese hacer conforme al margen de maniobra económica del Ayuntamiento, y no ir a cantidades que implicasen ulteriores acuerdos que podían llegar a producirse o no".
Intervención se reafirma en su informe en que el margen de capacidad económica del Concello es de 684.842 euros frente a los 509.077 euros que marca el alcalde en el plan de pagos. El habilitado nacional no da por válidas las razones del regidor, que sostiene que algunas medidas propuestas "no serían factibles actualmente". "Se trata de consideraciones de carácter político y en ningún caso de consideraciones técnicas", replica el funcionario, que incide en que "no acudir a subida de impuestos u otras medidas son decisiones estrictamente políticas puesto que Intervención ya se pronunció sobre el modus operandi para devolver los 12,5 millones". El funcionario considera que, en líneas generales, los pagos recogidos en el plan son viables y factibles, aunque precisa que en el caso de las garantías -valoradas en 3,5 millones-, "el valor final será el obtenido en mercado", por lo que podría variar. En el caso de los superávits generados advierte que "se deberán verificar año a año" y "ser controlados en las ejecuciones trimestrales" para que, en caso de producirse desviaciones, implementar medidas correctoras.
