Petardos y gritos de ¡alcalde dimisión! y ¡mentiroso! sonaron ayer de fondo en el pleno de Sada. Alrededor de una treintena de trabajadores se concentraron a las puertas de Ayudantía en protesta por la decisión del Gobierno local de solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una aclaración de la sentencia que anuló unas bases del concurso de 2006 y que mantiene en vilo a sesenta empleados.

Representantes de los tres sindicatos del Concello, CSI-F, CC.OO.' y UGT, manifestaron su malestar por una decisión que, en su opinión, podría "agravar más" el problema y limitar el margen de maniobra del Concello. Los empleados temen que la ejecución del fallo deje en la calle a parte de la plantilla, acusan al Ejecutivo de tomar la decisión de solicitar una aclaración de sentencia a sus espaldas y exigen que cumpla su compromiso de sentarse con los representantes sindicales a negociar la salida menos gravosa. "Es cierto que hubo errores en el proceso, que fue un intento de consolidar los puestos de trabajo mal hecho, pero fue un error de la Administración que no tenemos que pagar los trabajadores", sostuvieron ayer desde CC.OO, que aseguran que PP y BNG -que forma parte del equipo de gobierno- le han trasladado su apoyo.

Solo PP aprovechó el pleno para manifestar su respaldo a los empleados afectados. Su portavoz, el exalcalde Ernesto Anido, censuró que el Concello solicite una aclaración de sentencia. "Entendemos que debía haberla solicitado el recurrente, que es el que realmente manda, el coordinador de las mareas", afirmó, en alusión al exconcejal Benedicto Álvarez. En la misma línea que los sindicatos, el expopular vaticinó que la decisión de solicitar al TSXG que aclare los efectos del fallo será perjudicial. "Es un auténtico error, ahora van a tener que ejecutar la sentencia como le digan y podría haberlo evitado", le echó en cara al Gobierno municipal.

La afirmación de Anido fue rebatida por el edil del PDSP Emilio Gómez, que recordó a Anido que durante su mandato declinó personarse en el proceso. El popular contraatacó recordando que la sentencia tumba en parte un concurso convocado por Sada Popular. "Todo esto es consecuencia de su irresponsabilidad. Ustedes generaron el problema", increpó al exalcalde Ramón Rodríguez Ares y su segundo, el edil Emilio Gómez.

El alcalde evitó ahondar la polémica durante la sesión y consultado a la salida del pleno mantuvo que su intención es "adoptar la decisión más justa". "Entiendo la preocupación de los trabajadores, pero no el malestar", incidió el regidor, que sostuvo que han solicitado una aclaración del auto ante las dudas que genera su ejecución ya que, según explicó, fuentes jurídicas consultadas les han trasladado que el auto implicaría reiniciar el proceso selectivo. "Creo que pedir la aclaración es bueno para ejecutar conforme a la legalidad y sin equivocarnos", recalcó Portela, que incidió en que el TSXG deberá pronunciarse más adelante sobre la ejecucióne del fallo y dictaminar si fue o no la correcta.

El futuro de la plantilla afectada por el fallo está en el aire. El Concello disponía de dos días hábiles (más uno de gracia) para solicitar la aclaración del auto. El Ejecutivo solicitó al TSXG que aclarase que si la anulación de las bases específicas de valoración de servicios previos y sus actos de ejecución y desarrollo implica también la anulación de "otros apartados del baremo y, en su caso, de la fase de oposición".

El TSXG todavía no se ha pronunciado sobre esta petición, pero si ha respondido en parte a una del recurrente, que reclamó que se rectificase la anulación del cuadro de personal de 2006, dado que había desistido expresamente de esa petición; y que anule las bases específicas de los 5 puestos laborales que el Superior ha tumbado al tratarse realmente de plazas de funcionario. El TSXG emitió una providencia en la que califica de "farragosa" su solicitud y le da cinco días para presentarla de nuevo. Una vez se pronuncie el Superior sobre la solicitud de aclaración del Concello, las partes todavía podrán interponer un recurso de casación. Trabajadores avanzaron ayer que se plantean exigir una indemnización en caso de perder ahora su puesto de trabajo.

Al margen de la controversia, el pleno aprobó por unanimidad el reglamento para la concesión de ayudas sociales. Una normativa que todos los grupos consideran necesaria para garantizar la equidad.