El préstamo de 12,5 millones que el Estado concedió a Miño para pagar a los expropiados de Fadesa no cubre el total de la deuda principal. Así lo han denunciado un grupo de afectados que todavía no disponían de sentencia firme cuando se tramitó el crédito y que se han llevado un chasco mayúsculo al preguntar al Concello por los plazos que maneja para su ingreso. "Nos dijeron que cuarenta vecinos nos vamos a quedar sin cobrar de momento", relató a este diario uno de los expropiados.
Según explicó este afectado, un técnico del Concello cifró en 2,5 millones el montante que se quedaría fuera del plan de pagos aprobado y cuyo desembolso sigue en el aire. "Nos dijo que el Concello no tiene dinero para pagar, que puede que tenga que pedir otro crédito", lamenta.
Aunque el Ejecutivo municipal de Miño ha presumido en varias ocasiones durante las últimas semanas que el crédito permitiría saldar la deuda principal y frenar la sangría de intereses, lo cierto es que en el pleno de diciembre en que se debatió por primera vez la operación de crédito, el alcalde ya admitía que había varias sentencias en tramitación que quedarían excluidas.
Según recoge el acta de la sesión, quedarían pendientes de pago 2,3 millones a propietarios sin sentencia firme a los que habría que añadir 1,2 millones reclamados y que todavía carecen de fallo. A esta suma habría que añadirle la derivada de intereses de demora, alrededor de cinco millones de euros, y otros recursos aún pendientes de resolución por discrepancias en precios y dimensiones de los terrenos.
El lío de Fadesa parece no tener fin. A las dudas sobre los plazos para abonar por fin la deuda principal con los expropiados se suma la incertidumbre sobre las medidas que adoptará el Concello para garantizar el pago del crédito. El Ejecutivo municipal insiste en que no subirá impuestos ni recortará servicios a pesar de lo desorbitado de la deuda para un Concello con un presupuesto anual de 5,6 millones. El Gobierno municipal confía aún en lograr que el Estado amplíe el plazo de devolución del préstamo o que el Supremo revoque la sentencia que negó su derecho a ser considerado acreedor preferente.
Los días pasan y el plan de ajuste sigue sin fecha para su aprobación por el pleno. El alcalde, Ricardo Sánchez, se aferra a un escrito de la Xunta que concluía que los planes de reequilibrio deben aprobarse tres meses después de constatarse el incumplimiento, que normalmente se aprecia en la liquidación de las cuentas. El regidor desoyó desde el principio las advertencias del anterior interventor, partidario de no aplazar las medidas. El habilitado nacional advirtió sin éxito que aunque "en circunstancias generales el incumplimiento se derivaría de la liquidación del presupuesto", en este caso "la suma solicitada [12,5 millones] garantiza con toda seguridad que este incumplimiento se vaya a producir en la liquidación".
