El movimiento ciudadano en favor de modificar el proyecto de la senda fluvial por el río Mandeo no deja de sorprender en una villa que languidece en su largo sueño medieval. Para explicar lo que sucede en Betanzos, debemos remontarnos en el tiempo para ver un ejemplo claro de las disfuncionalidades de la Administración.

El espacio natural protegido Betanzos-Mandeo, en su tramo bajo, sólo abarca el dominio público y su zona de servidumbre. Lamentablemente, cuando se realizó el deslinde quedó fuera el carrizal de San Xiao. Los conservacionistas advirtieron del fallo a la Demarcación de Costas y acompañaron a sus técnicos para que comprobasen hasta dónde llegaba la marea. Esfuerzo inútil.

Durante el bipartito, el gobierno se enfrentó a la obligación de ampliar la Red Natura, pues la Unión Europea constató que no protegíamos suficientemente determinados hábitats. A pesar de la demanda de los conservacionistas, el proyecto de ampliación no aprovechó la oportunidad de incluir el carrizal. De todos modos nunca se ha aprobado dicha ampliación. Incluso, gracias a la crisis, el Gobierno ha evitado ser castigado con graves sanciones económicas por eludirla.

Si la promulgación en 2013 del decreto que aprobaba el Plan de Conservación del Escribano Palustre parecía ser el salvavidas definitivo, de nuevo el tiempo ha demostrado lo contrario. Aunque establece que el carrizal está en la llamada zona de distribución potencial, las medidas para conservar este pajarillo han resultado ser escasamente concretas. Así nuestra obligación colectiva de protegerlo se escapa por el sumidero legal. Sólo quedan entre 65 y 71 parejas en toda España. Con estas cifras y teniendo en cuenta que en todo el planeta sólo se encuentra en Portugal y en nuestro país, resulta estar tan gravemente amenazado como el tigre de bengala.

El Plan Mandeo de la Diputación ideó una senda por la orilla del río en 2010, proyecto que luego retomó el Ayuntamiento en 2014. El pasado Día de los Santos Inocentes, éste anunció la apertura del proceso de licitación sin asumir que la obra dañará gravemente hábitats en zona de servidumbre, dentro del espacio protegido y en los utilizados por el escribano palustre. Todo ello a pesar de que el Defensor del Pueblo le había instado a realizar un estudio correcto de evaluación de su impacto y a demostrar que no afectaría al escribano, tal como exige la normativa vigente. Desoyeron esta recomendación, sin argumentarlo legalmente, acogiéndose a la sorprendente dejación de funciones de la Dirección Xeral de Conservación, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Augas de Galicia y Demarcación de Costas. Para más inri incluso se propusieron licitar obras en el municipio vecino, cuyo alcalde ha anunciado que no autorizará.

Diez entidades conservacionistas y culturales se han dirigido a distintos organismos públicos promoviendo la modificación del proyecto. Por tercera vez exigen razonablemente que se cumplan las leyes. Lo hacen acompañando su demanda de un detallado informe en el que exponen alternativas más económicas en su construcción y mantenimiento, con la ventaja de que la senda no se verá dañada por las inundaciones recurrentes y proporcionará mayor seguridad a sus usuarios. Estas opciones la hacen compatible con la conservación del patrimonio natural, paisajístico y etnográfico. Incluso la dotarán de un mayor atractivo para vecinos y turistas.

Toda esta letanía sólo tiene como explicación las numerosas disfuncionalidades de una Administración que no cree en la legislación ambiental, constantemente sesga la interpretación de las normas hacia el desarrollismo más obsoleto y se olvida que el Estado ha firmado el Convenio de Aarhus. La suspensión cautelar de la licitación recientemente anunciada es insatisfactoria, pues no parte de las autoridades ambientales y solo supone una demora.

En fin, nos adornamos con leyes hermosas que, cual flores recogidas por los niños, dejamos marchitar en el olvido.