La Audiencia Provincial ha condenado a una funcionaria que ocupó el puesto de secretaria en los juzgados de Betanzos dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y a siete meses de multa a razón de cuatro euros diarios. Los jueces consideran probado que la acusada aprovechó que era la única funcionaria que tenía acceso a la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado número 2 de Betanzos "para, en colaboración con su marido, ya fallecido, hacer suyas diversas cantidades de dinero por importe total de 7.342 euros". Los jueces han aceptado como atenuante que devolvió el dinero al destaparse la desfalco.

Según detalla la sentencia, la acusada recurrió a cantidades abonadas en las cuentas asignadas a varios procedimientos civiles antiguos del juzgado y libró a favor de su esposo mandamientos de pago en los que hacía constar a éste como el beneficiario del pago "a sabiendas de que no guardaba ninguna relación con la causa". La Justicia cuantifica hasta once mandamientos de pago fraudulentos que suman en total 7.342 euros.

Esta funcionaria elaborara tres ejemplares idénticos en cada mandamiento de pago en los que hacía constar el número de expediente, el nombre y el NIF de la persona a la que debía hacerse el pago y la cuantía a abonar. La acusada manipulaba los títulos judiciales para que figurase su marido como beneficiario en lugar del verdadero destinatario del dinero. Los jueces destacan el hecho de que para "ocultar sus artimañas", la secretaria incumplía su obligación de unir a la causa uno de los tres ejemplares como justificante de la operación de pago que ordenaba hacer, aunque los movimientos bancarios quedaron reflejados en el sistema informático. Una vez librados estos mandamientos, su marido se presentaba a las oficinas del banco que colaboraba con el Ministerio de Justicia (en aquel momento Banesto) y lograba embolsarse distintas sumas de dinero.

Los jueces detallan también en la sentencia que, en un procedimiento de desahucio, la funcionaria accedió a las cuentas correspondientes a otros nueve procesos más y desde ellas transfirió a la cuenta asignada al juicio de desalojo distintas cantidades que fueron abonadas por el banco a su marido tras presentar el correspondiente mandamiento de pago.

El desfalco quedó al descubierto en 2014 y la acusada devolvió 7.400 euros con el objeto de subsanar el daño causado. En octubre de 2015, presentó además ante el juzgado que investigaba los hechos todos los mandamientos de pago originales.