MIÑO

Los ajustes son para el verano

Miño aprobará en julio el plan para reducir su deuda tras desvelar Secretaría e Intervención que el Ejecutivo podría haber incurrido en una "infracción muy grave" por incumplir los plazos

23.06.2017 | 12:39
El alcalde, Ricardo Sánchez (derecha) y su socio del PP, Jesús Veiga.

El Concello de Miño aprobó el pasado marzo un presupuesto que pasaba de puntillas por el enorme agujero contable que ha abierto en las arcas municipales su gestión de la macrourbanización de Fadesa. Ante las críticas de la oposición por la ausencia de medidas para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones para saldar parte de la deuda con los expropiados, el alcalde, Ricardo Sánchez, fue tajante: El plan de ajuste "no toca aún", zanjó.

La sesión se celebró el pasado 27 de marzo y, según ha desvelado ahora Intervención y Secretaría, el plazo para presentar un plan económico financiero que permita reconducir la situación venció el 28 de mayo, solo dos meses después. Las funcionarias descargan la responsabilidad de la demora en Alcaldía y admiten que la ley considera una "infracción muy grave" este incumplimiento y que recoge sanciones que podrían llegar, incluso, a la destitución de los responsables.

El informe de las funcionarias encargadas de velar por la legalidad en la gestión y contabilidad municipal multiplica las dudas sobre el proceder de Miño en el intrincado laberinto Fadesa. Solo unos días después de su emisión, el alcalde anunció la celebración de un pleno para aprobar el plan económico financiero. Será el 17 de julio.

Los primeros recortes llegarán en pleno verano. En unos días tradicionalmente inhábiles en la Administración, este pequeño municipio costero probará uno de los tragos más amargos de la fiebre del ladrillo. El plan económico financiero deberá incluir medidas de ahorro de cara a 2018 y deberá complementarse posteriormente con un plan de saneamiento por toda la vida del crédito. Su previsible aprobación en julio despeja año y medio de incógnitas, 18 meses en los que el Ejecutivo ha esquivado las preguntas sobre las medidas de ajuste que preveía adoptar para afrontar un momento que todos los partidos califican de "transcendental" para el futuro del municipio.

EDiciembre de 2015. Miño acepta un préstamo de 12,5 millones: "No habrá un plan de ajuste salvaje". El pleno acordó por unanimidad aceptar el préstamo de 12,5 millones del Estado para pagar la deuda principal con los expropiados de Fadesa. El importe supone una carga inmensa para un Concello que maneja unos ingresos que rondan los seis millones. El interventor emitió un informe en el que advertía que asumir este ingreso obligaría a adoptar "medidas dolorosas". El habilitado nacional proponía subir el IBI al 0.80%, aumentar la tasa de basura, recortes en ayudas y en personal, entre otras medidas. El Ejecutivo dejó claro ya en aquella sesión que no aceptaba su consejo.

EIntervención insta a principios de 2016 a aprobar un plan de ajuste sin más dilación. El funcionario presentó en febrero de 2016 una propuesta que pasaba por aprobar sin más dilación un plan de ajuste por toda la vida del crédito. El funcionario argumentaba que era más que evidente que el Concello incurriría en insostenibilidad financiera dada la magnitud del préstamo y que un año no sería suficiente para reconducir la situación. Su propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, que argumentó que, por ley, el Concello no tenía por qué mover ficha hasta constatar el déficit en la liquidación de las cuentas.

E27 de marzo de 2016: El Ejecutivo aprueba el presupuesto y rechaza por "draconianas" las recomendaciones de Intervención. El Gobierno local dio luz verde en solitario a un presupuesto que no incluía medidas para pagar en 2018 los cerca de 1,7 millones de la primera cuota del préstamo. El Ejecutivo defendió que "no tocaba". El alcalde, Ricardo Sánchez, y sus socios del PP defendieron que no había que reflejar los mecanismos para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones de deuda principal ni dejar constancia del agujero económico del macroproyecto urbanístico, que podría rondar los 30 millones. Defendieron que el presupuesto solo recogía previsiones a un año vista y que las medidas a adoptar se plasmarían en un plan de ajuste que se aprobará cuando hubiese "datos reales" de ingresos y una vez que el Estado respondiese a su solicitud de una prórroga en el plazo de devolución del préstamo, de 10 a 30 años. La actual interventora defendió que legalmente no era preciso aprobar en ese momento el plan de ajuste, aunque avanzaba en su informe las dificultades a las que se enfrentaba Miño en 2018. La oposición cargó contra la "política de avestruz" Gobierno local. "Ustedes están por subir y nosotros no", replicó el Ejecutivo.

EAbril de 2017. La liquidación confirma una deuda que casi triplica el tope legal. El 8 de mayo de 2017, poco después de que entrase en vigor el presupuesto, el Concello difundió a través de las redes sociales un extracto de la liquidación de las cuentas de 2016. El cierre contable, suscrito el 28 de abril, confirmaba una realidad más que previsible tras aceptar el préstamo millonario: un volumen de deuda sobre los ingresos corrientes liquidados del 300%, casi tres veces el máximo que permite la ley de haciendas locales (del 110%). La interventora advertía en su informe de la obligación de formular un plan económico financiero.

E2 de junio de 2016: Luz verde a una RPT con subidas salariales que aplazaba a 2018 el examen de su repercusión económica. El Ejecutivo local dio luz verde en solitario a una Relación de Puestos de Trabajo que incluía subidas salariales, compensadas en parte con supresión de plazas. La oposición se abstuvo y exigió conocer las cifras concretas del gasto. El informe jurídico concluía que "no estaría incrementando cuantitativamente las dotaciones del capítulo de personal", pero incidía en que Alcaldía demoraba hasta el 1 de enero de 2018 la aplicación de la RPT, "por lo que sería en el informe que se debe emitir a los presupuestos de 2018 donde Intervención deba pronunciarse en detalle sobre las repercusiones económicas". El PSOE acusó al Gobierno local de "jugar con las expectativas" de los trabajadores, cuestionó que se elevase a pleno la RPT sin aprobar antes el plan de ajuste exigió a Intervención y Secretaría un informe sobre el cumplimiento o no de los plazos.

ERonda de contactos para reclamar una ampliación del plazo de devolución del préstamo. Durante los dos últimos meses, el Ejecutivo mantuvo contactos con partidos, Fegamp y Hacienda para pedir la ampliación del plazo de devolución del préstamo de 10 a 30 años.

EIntervención y Secretaría desvelan que el plazo para presentar el plan económico venció el 28 de mayo y que Hacienda amenazó con retener ingresos al Concello. El Ejecutivo mantuvo un encuentro con responsables de Hacienda el 1 de junio y solo informó de que había trasladado su petición de una moratoria. El informe redactado por Intervención y Secretaría a petición del PSOE desvela ahora que Hacienda reclamó un plan de ajuste, otro de saneamiento hasta 2025 y que advirtió que podría retener hasta el 50% de sus ingresos por la participación en los tributos del Estado. El informe reconocía también que el plazo para presentar el informe había vencido el 28 de mayo y que el Gobierno local podría incurrido en una "infracción muy grave".

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