La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica pide ilegalizar la Fundación Franco

02.08.2017 | 14:18
Pazo de Meirás.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha pedido hoy la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), amparándose en la Ley de Fundaciones y en el Código Penal en los referente a los supuestos delitos de odio.

La CRMH ha solicitado al Gobierno que "intervenga para frenar la continua e impune apología del franquismo por parte de la Fundación Francisco Franco", según informa a través de un comunicado.

Esta reacción de la CRMH llega tras el anuncio de que la gestión de las visitas al Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, serán gestionadas por la FNFF, que ve en esta gestión "una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia y para difundir el patrimonio gallego en el mundo".

A raíz de la información emitida por la Diputación de A Coruña y la Xunta, que aseguran que irán a la vía judicial si se produce algún tipo de irregularidad, la Comisión cree que "es el momento de que el Estado intervenga", puesto que "la mayoría de las fuerzas políticas creen que la fundación está atacando a la democracia".

"La CRMH solicita que el estado ilegalice la Fundación Francisco Franco amparándose en las leyes democráticas que permiten llevar adelante esa acción, como la Ley de Fundaciones o lo tipificado en el Código Penal en cuanto a delitos de odio", añade la Comisión a través de un comunicado.

El presidente de la CRMH, Fernando Souto, ha expresado en una entrevista en la Radio Galega que la entidad pretende que las autoridades "corrijan esta anormalidad y revisen las actividades de esta fundación" y que atiende "a sus manifestaciones" que le parecen "muy próximas a lo tipificado como delito de odio".

Agrega la CRMH que "si no hay leyes que permitan actuar contra quien hace apología del terror, utiliza el negacionismo para fomentar valores y prácticas antidemocráticas y desprecia la memoria de las víctimas del franquismo", debe ser el legislador quien asuma "como urgente" la "tarea de dotar a un estado democrático con unas normas que protejan este carácter suyo".

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