A CORUÑA

La promotora de la planta de residuos deberá defender su ubicación e impacto

Medio Ambiente exige a la empresa que realice un informe sobre la afección a la zona, incluida en el Catálogo das Paisaxes

21.09.2017 | 01:22
Zona en la que se prevé instalar la planta de residuos, en Santa Icía.

La empresa promotora de la planta de residuos no peligrosos de Santa Icía deberá justificar su ubicación en una zona rural incluida en el Catálogo das Paisaxes de Galicia y defender cómo garantizará la protección ambiental en la zona. Es parte de las exigencias que le impone la Consellería de Medio Ambiente para dar su visto bueno a las instalaciones, que rechazan vecinos del entorno, tanto de Arteixo como de los barrios coruñeses de Novo Mesoiro y Feáns.

El departamento de Calidade Ambiental de la Xunta firmó la pasada semana una resolución por la que se le exigía a la empresa una tramitación ambiental por la vía ordinaria, lo que en la práctica supone un estudio más completo que el que presentó para obtener luz verde de Medio Ambiente.

Según se indica en la resolución, los promotores deberán incorporar al estudio ambiental un informe sobre el posible impacto de las instalaciones en una zona "de marcado carácter rural, encuadrada en la comarca paisajística del Arco Bergantiñán e incluida en el Catálogo das Paisaxes de Galicia", un documento aprobado por el Gobierno gallego en julio del pasado año 2016.

El departamento autonómico informa de que, además, el promotor deberá justificar si la localización propuesta se ajusta a los criterios de emplazamiento recogidos en el Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022, que señala "la preferencia de uso de los polígonos industriales para la localización de este tipo de localizaciones".

"De ahí la necesidad de elaborar un análisis pormenorizado de todas las variables con el fin de garantizar la protección ambiental y paisajística del entorno", explican desde la Consellería. Una vez presentado este estudio de evaluación ambiental, las diferentes administraciones y entes competentes analizarán su contenido y se abrirá un periodo de información pública. Finalmente, el órgano ambiental responsable concluirá si el proyecto reúne o no las condiciones de calidad suficientes para su polémico desarrollo.

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