El Ayuntamiento de Carral ha comenzado los trabajos para demoler las dos plantas superiores de un edificio ilegal ubicado a la entrada del polígono de Os Capelos. La obra continuará con la rehabilitación de la construcción para convertirla en aula de naturalezaconvertirla en aula de naturaleza, proyecto que despertó polémica en el municipio y que el Concello financiará con una subvención provincial destinada a la regeneración de espacios dragados y vinculada a actividades relacionadas con la naturaleza.
La demolición parcial y rehabilitación del inmueble se adjudicó el pasado día 15 con un plazo de ejecución de tres meses y sin opción a prórroga, según detalla el decreto de Alcaldía para su adjudicación. La empresa SYR-AMG realizará los trabajos por un presupuesto de 31.917 euros (IVA incluido). El proyecto se había sacado a concurso por 36.518 euros.
El espacio, que hasta ahora servía para almacenar útiles de efectivos municipales, como trabajadores de Protección Civil, se destinará, según el plan del Ejecutivo local, a acoger sesiones de formación de los cursos de jardinería que se imparten en el municipio y a guardar herramientas de estos talleres, cuyas prácticas se realizarían en el terreno anexo, también clasificado como zona verde. El proyecto del Gobierno local preveía también limpiar y regenerar el entorno, que hasta la actualidad ha acumulado restos como unas canastas viejas o un antiguo camión de Protección Civil.
La conversión de un inmueble ilegal en un aula de naturaleza había sido cuestionada sobre todo el PSOE local, quien criticó que se ubicase un aula de naturaleza a las puertas de un polígono, Os Capelos, y se cree un espacio para formación cuando el edificio Antón Fraguas, creado para este fin, permanece vacío y sin uso. Censuró también que se reutilice una construcción ilegal. Los socialistas denunciaron la presunta ilegalidad de la iniciativa ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y aseguran no haber recibido respuesta. El Gobierno local afirmó que había recibido luz verde de palabra de la APLU, que admitió haber hablado con técnicos, aunque apuntó que no se le había pedido informe oficial.
