ABEGONDO

Abegondo denuncia en la UE la "ayuda ilegal" del Estado a Audasa y exige más de 5 millones

El Concello, con un presupuesto de 4 millones, estima que pierde 565.000 euros al año por la bonificación franquista en el IBI de la que aún disfruta la concesionaria de la AP-9

13.12.2017 | 01:07
Peaje de la autopista AP-9.

El Concello de Abegondo, uno de los más belicosos contra la exención franquista del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles de la que disfruta Audasa, ha presentado una denuncia ante la Unión Europea para exigir la anulación de una "ayuda ilegal de Estado". El Ayuntamiento estima que la bonificación en el IBI de la que disfruta la concesionaria de la AP-9 desde 1973 le depara unas pérdidas anuales de 565.229 euros al año (solo percibe 29.771 de los 595.000 euros que le corresponderían).

Se trata de una cuantía relevante si se tiene en cuenta que Abegondo maneja un presupuesto anual que ronda los cuatro millones. El Gobierno local espera en que la UE acepte su reclamación y anule una norma jurídica del Estado que, alega, incumple los principios de los tratados comunitarios, como el de autonomía local. El Ejecutivo destaca que la retroactividad que reconoce Bruselas es de diez años, por lo que reclamará una compensación por pérdidas de unos 5,6 millones.

La denuncia ante la UE contra la exención en el IBI amparada por una ley franquista de 1972 supone un paso más de Abegondo para hacer realidad una antigua reivindicación. El Concello ha manifestado en numerosas ocasiones su malestar por este privilegio de Audasa, que solo paga 29.000 euros al año por una infraestructura que discurre por cerca de 30 kilómetros del municipio que, además, carece de accesos. El alegato en Bruselas llega unos meses después de que el alcalde de este pequeño municipio rural, el popular José Antonio Santiso, convocase a sus homólogos de la provincia afectados por este favor fiscal para crear un frente común.

Abegondo no es el único concello de la comarca que ha recurrido ante Europa esta exención franquista. El Ayuntamiento de Betanzos también ha exigido en Bruselas la eliminación de la bonificación, por la que deja de percibir cerca de medio millón de euros al año.

En sus recursos, los ayuntamientos alegan que la bonificación del 95% en la cuota de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin compensación alguna por parte del Estado colisiona con el artículo 107 del Tratado de la Unión Europea. "Establece una ayuda de Estado que es incompatible con el mercado común, al distorsionar o amenazar con distorsionar la competencia, provocando una desventaja para las empresas no destinatarias de una exención de impuestos, con un correlativo trato de favor hacia otros operadores económicos que se ven liberados de satisfacer los impuestos establecidos con carácter general", destacan.

Los concellos inciden en que la bonificación otorga a Audasa una "sustancial ventaja fiscal en relación a otras empresas concesionarias europeas" y en relación a las que les concedieron concesiones en España a partir de 1989, en el que se suprimieron estas exenciones fiscales.

Los ayuntamientos llaman la atención sobre el hecho de que esta exención del 95% en la base imponible del IBI genera una disminución de los ingresos de la Administración Local y una quiebra del principio de suficiencia financiera que sanciona la Carta Europea de Autonomía Local, "sin que el Estado compense de ninguna otra forma a las entidades locales por esta exención o por la disminución de ingresos para hacer frente a sus competencias previstas en la ley de Bases de Régimen Local".

"La pervivencia de la bonificación contraria al derecho comunitario de la que se beneficia Audasa y la negativa sistemática de la Administración a compensar a los ayuntamientos supone un enorme perjuicio para la sostenibilidad económica de este municipio, al ver enormemente reducida su recaudación por IBI", argumenta Abegondo.

A la denuncia de Abegondo y Betanzos se sumarán previsiblemente la de otros concellos. Los ayuntamientos reclaman a la Comisión Europea que "investigue el incumplimiento de la normativa europea y la negativa sistemática de la Administración española a compensar a los municipios por la aplicación de la bonificación". Abegondo y Betanzos reclaman a la UE a que "requiera al Estado español para que adecue su actuación a la normativa comunitaria y, de negarse a corregir su conducta, a tomar las medidas legales oportunas e interponer el correspondiente recurso por incumplimiento por incompatibilidad de la normativa interna con el Derecho de la Unión Europea".

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