El Gobierno local de Arteixo anunció ayer que estudia la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante al Tribunal Constitucional debido a que considera que la decisión de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña de anular su propia sentencia puede generar "un estado de indefensión" al Concello. En el fallo condenaba a Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a pagar 12,8 millones de euros a Arteixo
La jueza emitió el pasado 16 de enero una providencia en la que asegura que debido a un "error informático" el 10 de enero se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.
El recurso de amparo es un procedimiento con el que se busca la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución española por disposiciones, actos jurídicos y omisiones de los poderes públicos del Estado. La única pretensión del recurso de amparo es el restablecimiento o preservación de los derechos o libertades.
El alcalde, Carlos Calvelo, explica que recurrir al Constitucional "es una decisión compleja", pero que está amparada por la ley. También asegura que la jueza que instruye el caso "no está siguiendo el precepto legal" y que la anulación de la sentencia es "una situación inédita". "No hay procedimiento jurídico que avale la actuación", afirma.
El Concello ya anunció el pasado jueves que había recurrido la providencia de la jueza. El Gobierno local considera que no hay "errores materiales manifiestos o aritméticos", sino que se pretende anular toda la sentencia. También argumenta que la magistrada vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias y que "están en juego fondos públicos de elevadísima cuantía".
La sentencia que emitió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña y que acaba de anular la propia jueza que la dictó condenaba a Aqualia a pagar una indemnización de 12,8 millones de euros por incumplir parcialmente el plan de inversiones con el que ganó el concurso público para gestionar la empresa mixta de aguas del municipio (Augarsa), por tener la red de tuberías "en un estado funesto" y por "la depreciación" que sufrió el sistema de cañerías "tras la gestión de Aqualia".
La sentencia anulada estimaba un recurso que presentó la filial de FCC contra el acuerdo del Concello que fijó en 26 millones de euros la indemnización que debía abonar Aqualia. La cifra descendía un 51% y quedaba establecida finalmente en 12,8 millones.
En el fallo invalido se veía probado que el 92,26% de las obras que realizó la empresa mixta de aguas durante su existencia fueron contratadas con sobrecostes "a empresas pertenecientes a FCC y por tanto vinculadas a Aqualia". El sobreprecio se situó entre el 25% al 24,5%, según indicaba la sentencia. También afirmaba que existieron "partidas facturadas sin justificación y múltiples partidas alzadas". La magistrada matizaba en el fallo anulado que "no puede obviarse" que el Concello, que formaba parte de la empresa mixta, lo "permitió".
La guerra judicial entre el Concello y Aqualia se inició en el año 2013 tras la rescisión del contrato que regía la empresa mixta de aguas Augarsa. Pero el conflicto ya se había fraguado mucho antes en los consejos de administración de la compañía. El Concello bloqueó algunas inversiones que ahora sí ejecuta, ya que en los consejos el alcalde disponía de un voto que valía doble.
