Definitivamente a la Comisión Europea, al Ministerio de Agricultura y a la Consellería do Mar les viene grande, muy grande, el problema que se les plantea a ellos, pero sobre todos a armadores y tripulantes de barcos de volanta, arrastre, artes varias, cerco, xeito, palangre... con la pesca. Quieren regular tanto y tantas pesquerías que, al final, lo único que consiguen es un santísimo cabreo de las flotas afectadas. Esto va más allá de lo que significa que unos ciudadanos lleven a cabo una huelga en demanda de soluciones para la pesca basadas en la concesión de cuotas justas.
El cabreo va en aumento. Y a este incremento no es ajeno ese silencio absurdo que mantienen todos los estamentos del sector marítimo pesquero, desde el Ministerio que dejó en el camino su relación con el mar y la pesca, a la UE y la Consellería del ramo, pasando por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores que sí tiene pito que tocar en este baile (aunque no le guste).
Para la bajura (incluido el arrastre de litoral) las medidas aplicadas son un sinvivir. Y a éste se suman las tantas veces aquí comentadas sanciones por retrasos en las comunicaciones por las que la Secretaría General de Pesca se entera con antelación de la próxima llegada a puerto del barco de pesca comunicante. ¿Es tan sumamente importante el retraso de unos pocos minutos como para que se apliquen sanciones económicas desorbitadas que más parecen haber sido pensadas como medio de recaudación económica que como aviso a navegantes?
Por si todo esto fuese poco, las distintas flotas están recibiendo, por orden alfabético, otras sanciones, éstas de la Agencia Tributaria, que hacen que armadores y tripulantes de los barcos que las integran se sientan perseguidos como contrabandistas. Todo, debido a que Aduanas y la Agencia Tributaria, con la Guardia Civil por medio, no coordinan sus funciones y, en medio, siempre están los barcos y los servicios que éstos prestan en calidad de empresas al colectivo de trabajadores a bordo.
Aunque ahora ya no tienen tanta importancia como hace unos años, los puertos gallegos -por ejemplo- disponían de una extensa red de suministradores de víveres, bebidas y tabaco -el conocido entrepot- para consumo de la tripulación de cada uno de ellos.
El tabaco es servido por el suministrador con la autorización de Aduanas. La Guardia Civil precinta el suministro y este queda a expensas de las necesidades de los tripulantes del barco en cuestión. El armador se responsabiliza de que el tabaco no se venda a terceros, algo que resultaría relativamente fácil dado que el procedente de entrepot tiene un precio más bajo. Hasta aquí, todo correcto; pero a efectos de la Agencia Tributaria las cosas no son así y no reconoce ni la implicación en el asunto de Aduanas ni el precinto de la Guardia Civil y se limita a aplicar "su" ley y sanciona sobre suministro y consumo. Otra manera de recaudar y menos mal que, por ahora, nadie ha sido acusado de realizar contrabando de tabaco. "Que todo se andará", me decía un armador.
¿Por qué no dicen claramente los responsables autonómicos, nacionales y de la UE que para ellos el mejor camino es el desguace de barcos y, muerto el perro, se acabó la rabia? ¿Por qué, en lugar de buscar una salida mediante la paralización definitiva de barcos, no dedican los millones de euros destinados al desguace a subvencionar de verdad vedas o paradas biológicas que permitirían regenerar los caladeros? ¿O es que no interesa realmente tal regeneración?
Díganlo, carajo, no se lo callen, que la gente del mar es mayor de edad y ustedes son siempre unos recién llegados cuando ellos, armadores y tripulantes, tienen acúmulos de salitre hasta en los mismísimos perendengues. No los cabreen más, háganme caso.
