Los implicados en la trama de cobros fraudulentos de ayudas públicas constituían asociaciones, la mayoría de autónomos y discapacitados, para conseguir subvenciones millonarias de las administraciones. Las entidades solo funcionaban sobre el papel, ya que muchas carecían de socios y no ejercían ninguna actividad. Para cumplir los requisitos exigidos por las administraciones públicas, según indicaron dos trabajadoras de una de las entidades, compraban listados de autónomos y falsificaban documentos y facturas.

La Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), presidida por el imputado Eliseo Calviño, pagó por obtener relaciones de autónomos con el objetivo de no perder su representatividad a nivel nacional, que estaba reconocida por el Ministerio de Trabajo. En la causa también están imputados el empresario y líder vecinal Gerardo Crespo; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; el director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros; y tres trabajadoras de compañías dirigidas por Crespo.

En una de las conversaciones intervenidas por la Policía Judicial, Gerardo Crespo reconoce que la Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de España es un "montaje". Aún así, llegó a reunirse con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. La consultoría dirigida por el sospechoso, Azetanet, según consta en un auto emitido por la juez, que se basa en las declaraciones de las trabajadoras de Calviño, era receptora del 80% de los fondos de los cursos. El dirigente de Caype, a cambio de las gestiones, exigía a Crespo un porcentaje que le hacía llegar "en sobres", según las versiones de las empleadas de la entidad.

Los participantes en el "complejo entramado delictivo", como lo califica la juez que instruye los hechos, aparentaban impartir clases de formación para desempleados y autónomos, muchos de ellos discapacitados, para hacerse con las subvenciones que después repartían e incorporaban a sus patrimonios. Los empresarios y presidentes de colectivos imputados también contaban con el apoyo de "responsables públicos encargados de la concesión y control de las subvenciones", según subraya la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña en el auto en el que decreta el levantamiento del secreto de sumario. El caso estuvo casi tres años bajo llave y, aunque las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora fueron remitidas a las partes, la investigación continúa.

Algunos de los dirigentes de las asociaciones que carecían de afiliados, según fuentes cercanas al caso, camuflaban las ayudas públicas y las cobraban como si fuesen sus salarios. De hecho, el dirigente de Caype, Eliseo Calviño, se embolsaba 4.500 euros mensuales a cuenta de la entidad constituida "sin ánimo de lucro" y que carecía de socios.