La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a demoler las obras iniciadas hace casi veinte años y todavía no terminadas en los números 6 y 8 de la calle Príncipe, en la Ciudad Viejademoler calle PríncipeCiudad Vieja, también ordena a la Xunta que sancione al promotor de la reforma. La administración autonómica rechaza presentar recurso de casación contra el fallo, pero asegura que en cumplimiento del dictamen de los magistrados va a comenzar "lo más pronto posible" el procedimiento sancionador, según avanza en una respuesta a este periódico.

La Xunta fue una de las dos partes demandadas por la comunidad de propietarios del inmueble del número 2 de la calle Santo Domingo, perpendicular a la calle Príncipe, en un recurso Contencioso-administrativo contra una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de 2013 que declaraba que no se habían producido daños arqueológicos, pero sí arquitectónicos, en los restos de la muralla medieval aparecida en ambas calles en 2000 y 2006, respectivamente. La otra demandada fue la entidad del promotor, Iniciativas y Desarrollo Inmobiliario y Arquitectura (IDIA).

El Superior estimó en parte el recurso tras concluir, apoyado en informes de un arquitecto designado por la Xunta y de una perito judicial, que las obras no cumplieron los criterios de protección estructural e integral que amparan a los números 6 y 8 de la calle Príncipe y que se produjeron "daños arqueológicos y/o arquitectónicos" a los dos edificios catalogados. La Xunta, al tener la Consellería de Cultura competencia para sancionar, deberá formular el correspondiente pliego de cargos e imponer la multa partiendo de los datos analizados por la sentencia, mientras que el arquitecto y promotor de las obras, Santiago Torres, deberá demoler la reforma y "reponer los bienes protegidos a su estado primigenio", como señala el fallo.

Torres admitió a este periódico que aceptará el expediente sancionador que le vaya a imponer la Xunta, que, según adelanta, iniciará a la mayor brevedad posible, aunque no dará por zanjada la larga causa que lo enfrenta con los vecinos propietarios del edificio próximo de Santo Domingo porque abrirá la vía penal para solicitar a la Fiscalía la inhabilitación de arquitectos y funcionarios responsables de los informes valorados por el TSXG. El promotor reconoce que hoy carece de financiación para poder derribar los edificios en los que ha hecho obras desde 1999, una intervención que además califica de "imposible materialmente". El Concello también había ordenado a Torres el año pasado el derribo de las obras y la restitución del estado previo del edificio por no ajustarse a la licencia concedida en 2006.

Desde el momento en que comenzaron las obras de los dos inmuebles de la calle Príncipe surgió un interminable conflicto judicial entre el promotor de las viviendas y la comunidad de propietarios del edificio colindante. Una de las causas de sus enfrentamientos, que derivaron en numerosas sentencias que desestimaron las reclamaciones de los vecinos, una denuncia penal archivada y varias paralizaciones de las obras, fue la aparición de un tramo de la muralla medieval y de restos arqueológicos de la época romana. El promotor siempre creyó que las denuncias se debían a que sus trabajos provocaban que los vecinos de Santo Domingo perdieron vistas sobre el puerto desde la parte trasera, hacia los jardines de Capitanía. También acusó a los demandantes de querer arruinarle el proyecto para quedarse con los solares de la zona.