Unanimidad pero sin acuerdo. La reunión del Consejo de la Autoridad Portuaria acabó ayer con el visto bueno del documento que había presentado la presidencia de la institución, aunque sin el refrendo de todas las administraciones que forman parte del consejo. Y es que Puertos del Estado no acudió a la reunión al entender que el futuro de los muelles se negocia en otros foros y el representante del Concello, el concejal Xiao Varela, se fue antes de que se iniciase la votación, ya que no fueron tenidas en cuenta sus propuestas para el texto. El Puerto ciñe su petición al Estado a la condonación de la deuda y a la financiación del ferrocarril pero deja fuera cualquier acuerdo para evitar la venta de los muelles.
La reunión extraordinaria del consejo se produjo tras la reclamación del Concello para impulsar un acuerdo en el que la institución solicitase al Gobierno del Estado que ofreciese el mismo trato a A Coruña que a Valencia, que liberase a la Autoridad Portuaria de la deuda contraída por la construcción de la dársena exterior de Langosteira y, de ese modo, no condenase a la ciudad a vender los muelles liberados de la actividad portuaria para hacer frente a los 200 millones de euros que todavía le quedan por pagar a Puertos. En el caso valenciano, el PSOE llegó a un acuerdo con la Generalitat (PSOE-Compromís) para perdonar el lastre de 350 millones que arrastraba el consorcio valenciano que gestiona los muelles, por la construcción de las instalaciones para acoger la Fórmula 1 y la Copa de Vela. A cambio, apoyó al Gobierno de Sánchez en la aprobación del aumento del techo de gasto.
El documento que presentó ayer la Autoridad Portuaria ante parte de sus 16 consejeros lo tenía casi todo para cosechar los apoyos de los miembros presentes en la mesa, independientemente de su carné. Y es que, desde que el Concello solicitó al Gobierno la condonación de la deuda, tras conocer que lo había hecho en Valencia, fueron varias las voces que se unieron a su propuesta, entre ellas, el PP y, por extensión, también la Autoridad Portuaria, ya que su presidente es nombrado por la Xunta. El BNG lleva años reclamando la devolución gratuita de los terrenos portuarios, al igual que la Comisión Aberta en Defensa do Común. El PSOE, primero, dijo que no era posible condonar la deuda, aunque, después, el exalcalde de la ciudad y ahora delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, rebajó el tono y ayer abogó ya por "diálogo, acuerdos y consensos para conseguir las mejores infraestructuras y las mejores situaciones financieras". El diputado del PSdeG en el Parlamento Juan Díaz Villoslada reclamó "una auditoría" de la gestión del Puerto.
El documento que se aprobó por unanimidad pedía al Gobierno, en su primer punto, "aplicar las soluciones técnicas y jurídicas, que existen en el marco normativo vigente" para que A Coruña reciba "igualdad de trato" en referencia a Valencia, "con repercusiones positivas, en ambos casos, en el aprovechamiento de los terrenos portuarios urbanos". Hasta aquí, nada que objetar.
El problema vino en el segundo punto, en el que la Autoridad Portuaria hace referencia al convenio que firmaron, a espaldas del Concello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el que era presidente de Puertos del Estado antes del cambio de Gobierno en la Moncloa, José Llorca. En este acuerdo, que se anunció en octubre de 2017, pero que no se formalizó hasta abril del año siguiente, se adelantaba que Batería, Calvo Sotelo y La Solana serían públicos a cambio de 20 millones de euros que pondría la Xunta y que el enlace ferroviario a punta Langosteira tendría financiación del Estado para su construcción.
Este compromiso, sin embargo, no salió más allá de los papeles en los que se rubricó, ya que no cuenta todavía con ninguna partida económica específica para su cumplimiento en ningún presupuesto. En este segundo punto, los consejeros exigen también que se dé cumplimiento al protocolo del 18 de abril de 2018, por el que el Ministerio de Fomento se comprometía a la licitación, "como fecha límite, en el primer semestre del año 2019".
El concejal de Rexeneración Urbana ofreció ayer la posibilidad de votar a favor del acuerdo si se retiraba del texto la referencia a ese acuerdo que se había aprobado sin tener en cuenta los intereses de la ciudad ni la opinión del Concello que es, al fin y al cabo, quien tiene las competencias de urbanismo en el municipio. Fue por esa razón y por que no le dejaron debatir el texto que llevaba al consejo por lo que decidió abandonar la reunión. A su salida del consejo, calificó de "chiringuito del PP" a la Autoridad Portuaria y la acusó de obedecer a intereses partidistas.
Varela presentó su propuesta de acuerdo media hora antes de que comenzase el Consejo de Administración. A pesar de ello, la propuesta no se podía debatir, ya que, formalmente, solo se pueden tratar los temas que están recogidos en el orden del día, una relación de asuntos que hace el presidente de la Autoridad Portuaria. Si se modificase el contenido del orden del día, los consejeros que no acudieron a la reunión podrían impugnarla, según explicó el secretario portuario.
Los presentes conocieron la propuesta de la Autoridad Portuaria justo cuando comenzó la cita, ya que, en ningún momento, la institución abrió la puerta a consensuar un texto previamente con las demás administraciones implicadas en la solicitud de la quita de la deuda.
Tras la salida de Varela, en la mesa se quedaron el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, cuyo puesto depende de la Xunta, la virtual candidata a la Alcaldía del PP en la ciudad y todavía conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, la secretaria xeral de Medios y mano derecha de Feijóo, Mar Sánchez, también la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, María Isabel Concheiro, el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás y también los representantes de los trabajadores y del Ayuntamiento de Arteixo, y el director y el secretario de la Autoridad Portuaria, que no tienen voto.
Los representantes de Puertos del Estado en el consejo no asistieron y disculparon su ausencia en una comunicación en la que señalaron que la cuestión de la deuda y de los muelles ya se está negociando en otros foros. El antiguo subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, que ya no está en el cargo al ser sustituido por la socialista Pilar López-Rioboo, tenía aún silla y voto en el consejo, ya que no se han realizado todas las renovaciones en este consejo tras el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Atán, que se sentaba a la mesa en representación del Estado cedió su papeleta, sin embargo, al presidente del Puerto, Enrique Losada, al igual que lo hizo el presidente de los empresarios, Antonio Fontenla.
El texto aprobado por unanimidad se remitirá hoy al presidente del Gobierno, al ministro de Fomento, a la ministra de Hacienda y a la presidenta de Puertos del Estado a la espera de una respuesta. "La Autoridad Portuaria, a cuenta de una grandiosa obra ha tenido que asumir un endeudamiento que está fuera de escala de sus posibilidades. El grado de endeudamiento y los motivos por los que ha entrado, que son medioambiental y para prevenir peligros, no parece proporcionado que lo tenga que asumir la Autoridad Portuaria, para eso, en los convenios de 2004 estaban recogidos los paliativos. El Puerto ha cumplido sus compromisos, ¿puede haber una solución diferente a la venta? Estamos hablando de la liberación de suelo a cuenta de una operación similar que la de Valencia", dijo ayer Losada.
Varela también llevará al próximo pleno del Concello, la propuesta que pretendía debatir en el consejo del Puerto para pedirle al Gobierno que perdone la deuda a la Autoridad Portuaria y que, de ese modo, no condene a la ciudad a que se especule con los terrenos liberados para conseguir fondos que hagan frente a sus créditos.
