El decreto que sirve de base para la denuncia del fiscal jefe, Javier Rey Ozores, sobre la cárcel denuncia fiscal cárcel recoge una serie de argumentos del Partido Popular que se discutirán en los tribunales. Sobre la documentación aportada, el Ministerio público ve indicios de prevaricación, tras lo que pasa a enumerar las cuestiones censuradas por el PP que se someterán a investigación por parte de un magistrado. Algunas ya habían sido rebatidas por la directora de la Asesoría Jurídica, cargo de confianza del Gobierno local, para rechazar recurso de reposición de los populares que pedía la anulación de la cesión a Proxecto Cárcere.

El concurso proponía una cesión sin aportación económica del Concello a la entidad ganadora de la licitación por el uso de las instalacionesconcurso cesión, cedidas a su vez por la sociedad del Ministerio de Interior que gestiona sus infraestructuras penitenciarias. La actividad comenzó en agosto con una jornada de fiesta. Solo están abiertos 100 metros cuadrados de los 1.300 disponibles porque, al abordar las obras, el mal estado del inmueble tras años de abandono impidió acondicionar mayor superficie con el dinero consignado. De momento, se desconoce cuándo habrá nuevas obras, puesto que el edificio sigue siendo de Interior y su titularidad está pendiente de sentencia.

Parte de los argumentos del Partido Popular se basan en un plan de viabilidad que la entidad presentó a todos los grupos municipales para su proyecto de autogestión en las instalaciones, y que recibió el apoyo, no solo del Gobierno local, sino también de PSOE y el BNG. El PP sostiene que parte de las bases del concurso coinciden con dicho plan de viabilidad, en lo que ven un concurso hecho "a medida".

En su respuesta al recurso de reposición, la Asesoría Jurídica no lo oculta y señala que la afirmación de que hay coincidencias "es correcta" pero descarta cualquier irregularidad al respecto. Así, indica, la asociación presentó una propuesta al Gobierno local y "fue precisamente este hecho el que determinó el procedimiento seguido". Los propios servicios jurídicos sugirieron abrir un concurso de acuerdo con los artículos 82 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Decidieron aplicarlo a pesar de tratarse de un bien estatal al estar cedido. Esta normativa, según los letrados municipales, establece que cuando una persona, "por propia iniciativa", pretendiere una ocupación privativa de un dominio público, debe presentar una memoria explicativa que la Administración puede aceptar o rechazar. "Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación", prosigue el reglamento, se podría encargar un proyecto o abrir "un concurso de proyectos".

En la respuesta se admite que se abrió el concurso tras la propuesta de Proxecto Cárcere y que no debe "haber sospechas sobre el procedimiento seguido", argumentando además que las bases, "por las razones expuestas", fueron elaboradas a partir de la iniciativa de la entidad, "luego de seleccionar las cuestiones que resultaban de interés y de la depuración de algunas que se consideraban inoportunas, inconvenientes o mejorables para el interés público".

Los populares alertaron a la Fiscalía y así lo recoge el Ministerio público, de que en dicho plan de viabilidad y en la web figuraban una lista de nombres con algunos miembros del Gobierno local, como los concejales Rocío Fraga, Xiao Varela y María García, los asesores Iago Martínez y Natalia Balseiro y el director de área de Cultura, Miguel Martín. De este último, el PP destaca que formó parte de la comisión que escogió el proyecto, habiendo sido "fundador".

Sobre esta denuncia, la Asesoría Jurídica replicó que ninguno de los concejales citados en el escrito pertenece a la asociación, que la única que formó parte fue Rocío Fraga y fue hasta septiembre de 2016. Ayer, Proxecto Cárcere volvió a defender, al igual que cuando el PP vertió dichas acusaciones, que la web estaba desactualizada y que el listado se acerca más a "una base de datos" que a una relación de miembros de la entidad registrados como tal. Recuerda que pidió disculpas a esas personas y añade que algunos de los nombres que allí estaban escritos eran personas que "solo pidieron estar al tanto de las novedades de la entidad" a través del correo, según uno de los portavoces de Proxecto Cárcere, Tono Galán. Sobre Miguel Martín, el PP aportó, entre 19 documentos remitidos al Ministerio público, una fotografía de un boletín de 2010-2011, "en el que figura incluso una fotografía de las personas que constituyeron dicha plataforma" y en la que está el alto cargo y otros responsables citados. Los populares consideran que debería haberse abstenido de formar parte del tribunal que resolvió el concurso.

La asesoría jurídica rebate después de tomar declaración al funcionario señalado que él participó como jefe del Servicio de Cultura en la gestión de las actividades que se realizaron en la cárcel en la última etapa del bipartito, entre mayo de 2010 e inicios de 2011, como dos exposiciones o la primera edición del festival S8. Por eso, dice, sale en la fotografía.

Los populares insisten en que Marea Atlántica asumió en su programa electoral el contenido "de las actividades y fines del proyecto de la asociación adjudicataria" y que la cesión de usos contraviene los artículos 145 y 147 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que estipula que los bienes del Estado pueden ser cedidos a administraciones o fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. Por otra parte, los populares, tal y como recoge el decreto de la Fiscalía, denuncian "la permisividad actual por parte de las autoridades municipales de la utilización diaria del edificio, en contra de los términos del convenio de cesión firmado entre el Ayuntamiento y la asociación, que limitaba a actividades puntuales para las que se precisaría previa comunicación". Proxecto Cárcere afirmó ayer que es "exactamente cómo se están haciendo las cosas" y que realizan dichas comunicaciones de todos los programas a través del Registro.