El Ministerio de Defensa avala la adjudicación a Hércules de Armamento en octubre de 2014 de la concesión para gestionar la fábrica de armas de A Coruña, proceso al que la empresa, cuya concesión fue revocada este año, se presentó gracias a una ampliación de capital a través de una "deuda ficticia", según recoge una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de febrero pasado. Consultado por este periódico tras tener acceso al fallo del Alto tribunal gallego, el Ministerio responde que "por resolución de 10 de octubre de 2014, del entonces director general de Infraestructura, por delegación del ministro de Defensa, se otorgó la concesión a la oferta que técnica y económicamente resultó más ventajosa".

Concurrieron dos sociedades: grupo IFFE y Hércules de Armamento, empresa constituida menos de un año antes de ganar el concurso público con 3.000 euros de capital social. Para poder presentarse al proceso convocado por Defensa, Hércules debía cumplir el requisito indicado en el pliego de condiciones y contar con 610.000 euros. La fórmula para obtener fondos fue con la generación de una deuda ficticia (y, por tanto, un IVA ficticio) mediante facturas giradas a empresas vinculadas por supuestos trabajos "que no se corresponden con la realidad", según señala el fallo del TSXG, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Esa sentencia desestimaba un recurso de Hércules contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de finales de 2018 que señala que el IVA de las facturas relacionadas con Couto y Arévalo y Bussinessnear (dos sociedades relacionadas con la concesionaria) no son deducibles, "al tener como origen actividades no reales". Los magistrados del TSXG concluyen que esas dos firmas, con "lazos personales muy estrechos" en su vinculación con Hércules, carecía de personal para acometer los trabajos encargados -relacionados con la planificación y el desarrollo del proyecto de rehabilitación de las instalaciones de Pedralonga- y que ninguna aportaba "objetivos que justifiquen la realización de los trabajos".

La adjudicación a Hércules de la gestión de la fábrica de armas fue denunciada por el antiguo comité de empresa, que apoyaba la oferta del grupo IFFE y solicitó la repetición del concurso. Diputados socialistas en Madrid y Galicia también criticaron la concesión y alertaron de las condiciones con las que Hércules concurrió. Defensa replicó entonces que el concurso había sido correcto y ahora reitera que "tras analizar la documentación referente a la capacidad, la solvencia técnica y profesional y económica-financiera de las ofertantes," propuso la adjudicación a "la oferta técnica y económica que resultó más ventajosa."