La gasolinera que Carrefour construyó en su hipermercado de Alfonso Molina en 2014 y que se vio obligado a derribar por una sentencia judicial en el verano de 2019 le supuso una inversión de 764.869,57 euros, según el proyecto que fue aprobado por el Concello, al que ahora presentó una reclamación patrimonial por haberle concedido una licencia que los tribunales anularon posteriormente.
El presupuesto de ejecución material de las obras de la estación de servicio fue de 520.493,29, aunque a esa cantidad deben sumarse los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, lo que eleva el coste total a los 764.869,57 euros. Esta cantidad es la que Carrefour podría reclamar al Concello, junto con el importe de la licencia urbanística y el del Impuesto de Construcciones, Obras y Edificaciones, además del coste de los trabajos de demolición.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que sería inviable exigir una compensación por el lucro cesante que se habría generado al deber interrumpir la actividad de la gasolinera, ya que este tipo de iniciativas tan solo pueden plantearse en relación con el daño efectivamente producido. La reclamación fue presentada por Carrefour en febrero de 2020, casi al límite del plazo legal para hacerlo, que es de un año con relación a la sentencia firme que confirmó la obligación de demoler la gasolinera, emitida por el Tribunal Supremo en marzo de 2019.
Las mismas fuentes jurídicas señalan no obstante que la exigencia de una compensación a un ayuntamiento por el derribo de una instalación de este tipo no suele prosperar porque estas administraciones suelen derivar la responsabilidad a los autores de los proyectos técnicos, ya que se trata de instalaciones de una complejidad que los técnicos de los departamentos de urbanismo no tienen medios para analizar.
El Concello notificó al autor del proyecto que puede presentar alegaciones
Tanto el Concello como Carrefour no proporcionaron información sobre la reclamación patrimonial, pero el primero de ellos publicó esta semana en el Boletín Oficial del Estado una notificación al autor del proyecto técnico de esta estación de servicio “a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El expediente municipal parece, de esta manera, querer atribuir alguna responsabilidad en la concesión de la licencia que finalmente fue anulada por un fallo judicial al incumplir la instalación la normativa urbanística y la de seguridad.
El caso de la gasolinera del hipermercado Carrefour de la avenida de Alfonso Molina no es único, ya que en los últimos años se han producido en toda España demoliciones de instalaciones de este tipo, varias de ellas ya en funcionamiento, por infringir las disposiciones urbanísticas.
El mismo grupo distribuidor tiene pendiente de ejecutar una sentencia que le obliga a derribar la estación de servicio de su hipermercado de Lugo y por razones prácticamente iguales a las ocurridas en A Coruña.
La instalación también se levantó en 2014 y, del mismo modo que en el caso coruñés, el conflicto judicial se inició por el recurso presentado por el propietario de una gasolinera situada en las inmediaciones. Los sucesivos fallos de los tribunales apreciaron que la estación de servicio había supuesto la construcción de una nueva edificación en el aparcamiento del centro comercial, cuando la empresa argumentaba que se trataba solo de un cambio de uso, así como que se vulneraba la normativa de seguridad por ubicar los depósitos de combustible en el subsuelo del complejo.
El Tribunal Supremo rechazó el pasado octubre el recurso presentado por Carrefour contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba demoler la gasolinera, mientras que el Concello de Lugo notificó este mismo mes a la compañía que debe ejecutar el fallo.
El caso del derribo de la gasolinera de Lugo es casi idéntico al de A Coruña
Uno de los casos más curiosos es el de la gasolinera del Carrefour de Torrelavega, en Cantabria, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma no solo decretó en 2006 su derribo, sino que también ordenó la retirada de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio al estimar que se había introducido “con ánimo fraudulento” para “eludir el cumplimiento de la sentencia” sobre la demolición.
Ese mismo órgano judicial ya había determinado en 1998 que la instalación era ilegal, tras el recurso presentado por la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio en contra de la licencia que había sido concedida a Carrefour para abrir la gasolinera.
La empresa ganó sin embargo en 2016 el pleito que inició contra el Ayuntamiento de Puigcerdà por verse obligada a derribar la gasolinera de su centro comercial, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó a indemnizarla con 630.000 euros. Pero en este caso la razón fue que se incumplió un convenio firmado en 2003 entre ambas partes que hizo posible un cambio urbanístico mediante el que Carrefour amplió su centro comercial a cambio del pago de 480.000 euros.
Esa cantidad financió la instalación de ascensores panorámicos en varios puntos de la localidad gerundense. Los promotores del pleito que concluyó con la demolición de la estación de servicio fueron ciudadanos que rechazaron tanto la construcción de esa instalación como la modificación urbanística que la autorizó.
