No fue hace mucho tiempo. Los vecinos de Monte Alto recuerdan bien que junto al edificio de la Cruz Roja, en el vértice inferior del Campo de Marte, hubo durante más de un siglo una residencia de mayores, el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la calle Adelaida Muro. Hoy en cambio no viene tan fácilmente a la mente de muchos residentes más recientes aquel inmueble, sino el vasto complejo residencial de viviendas de lujo, gran parte de ellas con vistas a la ensenada del Orzán, que ocupó su lugar a comienzos del siglo XXI. Fue hace justo veinte años cuando el Gobierno local liderado por Francisco Vázquez, con Salvador Fernández Moreda al frente del área de Urbanismo, aprobó en comisión municipal el derribo de aquel asilo frente a la oposición popular y de una buena parte de los arquitectos de la ciudad.
Una semana después de que el Concello diese vía libre a la empresa Vivienda Confort para construir 227 pisos en Adelaida Muro, el 14 de septiembre de 2001, la maquinaria entró en el viejo asilo para comenzar su demolición. Empezó por sus galerías en la fachada posterior, emblemáticas por tratarse entonces de las más largas de la ciudad. La noche anterior se habían concentrado vecinos de Monte Alto en la calle con velas para despedir el edificio. Dos meses antes, hasta 3.000 personas se movilizaban desde la plaza de España hasta las puertas de la residencia para protestar por su desaparición; fue una convocatoria masiva que nunca antes se había expresado contra el Gobierno local. Los allí reunidos representaban el enfado y la frustración ciudadana —también la resignación— frente a la decisión del Ejecutivo socialista de enterrar el valor histórico y patrimonial de un edificio que prestaba un servicio social en favor de intereses inmobiliarios.
Pelotazo, especulación. Estos términos se oyeron mucho en aquella época dirigidos contra el Gobierno de Vázquez, desde que había trascendido la venta de la residencia a la promotora por 12 millones de euros, 1.972 millones de las pesetas de entonces. La operación se había cerrado dos años antes del derribo, al siguiente de que el Ejecutivo aprobase el plan general de 1998 y le retirase la protección al edificio catalogado de la orden religiosa, un asilo que la dama coruñesa Adelaida Muro y Barbeito había ordenado construir en su testamento, tras su fallecimiento en 1892, para el cuidado de ancianos necesitados. Detrás de aquel cambio urbanístico se escondía sin poco disimulo la intención de favorecer una estrategia inmobiliaria en un barrio modesto que llegaría a ofrecer pisos de hasta casi 1,4 millones de euros.
Toda aquella operación siguió un procedimiento que causó indignación popular y se tropezó también con el cuestionamiento de los arquitectos. En el documento de aprobación inicial del plan general, el solar estaba calificado como suelo urbano consolidado, pero con el cambio propuesto por el Gobierno local, de asistencial privado a residencial, la Xunta obligó al Concello a incluirlo como urbano no consolidado, con lo cual el valor del solar se reducía significativamente. En octubre de 1998 se aprobó el planeamiento coruñés con los únicos votos favorables del PSOE, la abstención del PP y la oposición del BNG.
El edificio perdía su protección y al año siguiente Vivienda Confort firmaba su venta por 12 millones de euros, con una cláusula en el contrato que señalaba que la empresa desembolsaría otros 3,5 millones si las religiosas lograban una modificación del uso de los terrenos que permitiese construir más pisos, lo que lograron por sentencia.
Las monjas presentaron recurso contra el plan general aprobado y a mediados de 2003 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo estimó y declaró que la parcela del asilo era suelo urbano consolidado, en lugar de no consolidado como figuraba en el plan. La promotora se ahorraba así la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento y otras cesiones para zonas verdes y espacios libres. Según reflejaba la sentencia, el Concello había defendido en el proceso los intereses de las monjas en contra de lo que dictaba el planeamiento. El abogado municipal argumentaba que la categoría de no consolidado había sido impuesta por la Xunta, una estrategia procesal que fue calificada por el abogado de la administración gallega como “deslealtad institucional”. Con los más de 15 millones en total, la orden religiosa construyó un nuevo edificio para los ancianos, más moderno, en Eirís.
Antes del derribo, la Consellería de Cultura había admitido que tenía competencias para frenarlo, pero defendió que la ley no la obligaba a pronunciarse sobre el conflicto porque consideraba que el Concello había actuado de forma adecuada al retirarle la protección patrimonial al edificio, de la que había gozado en todas las normas urbanísticas hasta 1998. Patrimonio guardó silencio. Vía libre.
Las monjas habían encargado un informe que aseguraba que el asilo tenía un “deterioro físico” y una “mala calidad de la construcción”, y a pesar de poseer “cierto atractivo”, era “difícil hablar de interés arquitectónico”. No se tuvo en cuenta un informe del profesor de la Escuela de Arquitectura coruñesa Xosé Lois Martínez, que apuntó que el inmueble era “una de las escasas muestras que se conservan en Galicia de la tipología arquitectónica asistencial”, la única de A Coruña. Dos estudiantes de Arquitectura, Miguel Reimúndez y Olga Fra, del colectivo RUA, creado por compañeros de profesión al conocerse la intención del Concello de demoler el asilo, llegaron a presentar una alternativa al derribo, un proyecto de rehabilitación que consideraban “perfectamente factible” para conservarlo y mantener su uso asistencial, y que estimaron en unos 2,5 millones. Tampoco se consideró.
Entre RUA y la Comisión en Defensa do Asilo, una plataforma también originada entonces en contra de la operación inmobiliaria, se recogieron 10.000 firmas de ciudadanos. Tres mil salieron a la calle en junio de 2001 para protestar. En septiembre lloraban frente a las velas horas antes de que comenzase la demolición en Adelaida Muro.
Quince años después de que el Concello cerrase el último trámite para hacer desaparecer el asilo de Adelaida Muro había 149 pisos disponibles en el edificio de lujo que lo reemplazó, el 65% de su oferta desocupada. Los datos tenían la fiabilidad de la página en internet de la propia inmobiliaria. Vivienda Confort aún tiene hoy, según la misma fuente, 18 pisos a la venta y cuatro en alquiler.
