La solución del conflicto urbanístico del edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra cuya licencia fue declarada ilegal por una sentencia judicial se acerca más a la demolición total, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 desestimó el pasado jueves la posibilidad de que tan solo sea parcial, como le había planteado el Concello. El auto advierte a la administración municipal de que no existe la posibilidad de derribar tan solo el exceso de edificación que motivó la ilegalización del inmueble y que debe ejecutarse el que únicamente prevé la conservación de los sótanos, que fue presentado por el propio Concello en octubre de 2019.
El juzgado dictó una providencia ese mismo día en la que instaba al Ayuntamiento a informarle en el plazo de diez días sobre “los trámites efectuados para la contratación de la ejecución de las obras de demolición”, así como sobre la tramitación de “modificación presupuestaria necesaria para la financiación de estos trabajos”. También reclama que se le notifique el coste que tendrán esas obras y da un plazo de cinco días para presentar un recurso contra esta resolución.
En el auto que se opone al derribo parcial, la titular del juzgado advierte al Concello de que “no es cierta” la afirmación que había realizado de que no se resolvió la solicitud de un incidente de ejecución de la sentencia que ordena la demolición que debía determinar su alcance. Sobre esta cuestión, le recuerda que el auto emitido en julio de 2018 ya desestimó la posibilidad de seguir esa vía. También rechaza la opción de legalizar el inmueble mediante su derribo parcial y para ello hace referencia a las diferentes resoluciones dictadas en los últimos años.
Los propietarios de las viviendas habían presentado un recurso contra la orden de derribo en el que solicitaban que fuera parcial y, aunque su abogado ayer no había recibido una resolución, la emitida sobre esta misma cuestión en respuesta al planteamiento expresado por el Concello indica que el juzgado no se decanta por esa posibilidad.
Pero los afectados por la posible desaparición del inmueble también expusieron al juzgado su voluntad de solucionar el conflicto a través de una mediación, como se efectuó en el caso de la antigua sede de Fenosa, aspecto sobre el que tampoco han recibido contestación por el momento y sobre la que también tendría que pronunciarse el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, órgano que dictó en 2008 la sentencia que ordena la demolición.
El juzgado ya se mostró contrario a esa fórmula en una resolución que fue recurrida por los propietarios, quienes esperan ahora un dictamen definitivo que permita abrir una negociación entre la propietaria de una de las viviendas, quien comenzó este proceso con una denuncia sobre la licencia, y el Concello.
A pesar de haber presentado el proyecto de demolición total en octubre de 2019, los responsables municipales plantearon en marzo de 2021 la posibilidad de que se limitara a una parte del inmueble. El juzgado respondió en mayo mediante una providencia que fue recurrida por el Concello y sobre la que ahora resuelve de forma definitiva negando la posibilidad de un derribo limitado, ya que contra esta decisión no cabe recurso.
Los propietarios afectados dicen desconocer si existe un proyecto para el derribo del edificio en su totalidad, como comenta Francisco Mateos, abogado de algunos de ellos, quien se lamenta de los “bandazos” dados por la administración municipal a lo largo de los catorce años transcurridos desde la sentencia del Superior de Galicia y que destaca que a lo largo de ese tiempo el Gobierno local ha cambiado de manos en tres ocasiones y los técnicos municipales encargados de este asunto también han sido varios durante este periodo.
“Yo no he visto ningún proyecto todavía, he visto estudios o propuestas”, indica Mateos en referencia a las alternativas que analizó el Concello sobre la solución al conflicto, entre las que se incluyó la posibilidad de derribar en torno al 30% del volumen del inmueble. El Gobierno local informó sin embargo cuando presentó el proyecto en el juzgado que la opción seleccionada finalmente era la de la demolición total.
El Superior justificó en 2008 esa resolución en que la licencia concedida al promotor solo le permitía ocupar el 70% de la parcela, cuando lo construido se asienta sobre la totalidad del suelo, lo que incumple el plan general de 1998, vigente cuando se tramitó el permiso.
INICIATIVAS JUDICIALES
La resolución dictada el pasado jueves por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 permite comprobar la sucesión de iniciativas judiciales que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos catorce años en relación con el edificio de San Roque de Fóra, a pesar de existir una sentencia firme de 2008 que obligaba a que fuera demolido. Cuatro años más tarde, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinó que no era posible legalizarlo derribando solo el exceso construido y lo confirmó mediante una resolución en 2013. Al año siguiente se dio al Concello un plazo de dos meses para presentar un proyecto de demolición y en abril de 2015 uno de seis meses para acreditar que el inmueble ya había sido derribado. En octubre de 2016 se dio un plazo de un mes para informar del inicio de las obras. En mayo de 2017 se desestimó el recurso de los propietarios contra la demolición y en noviembre de ese mismo año se ordena al Concello que una vez al mes informe al juzgado sobre los trámites seguidos para la ejecución de la sentencia. En septiembre de 2019 se reclama que en quince días se presente el proyecto de demolición, recibido finalmente en noviembre.
