La venta de los terrenos de San Diego, una vez que se vayan extinguiendo sus usos portuarios en la segunda mitad de la década, es la gran esperanza de la Autoridad Portuaria para pagar su deuda por la construcción de punta Langosteira, ante el rechazo del Estado a condonarla. Una tasación de los 168.000 metros cuadrados del espacio portuario, realizada por la sociedad pública Segipsa, valoraba los terrenos en algo menos de 126 millones de euros, si bien el cálculo caducaba en enero del año pasado. Pero un informe encargado por la Autoridad Portuaria a la empresa privada de tasación Valmesa eleva esta cifra a los 254,7 millones, algo más del doble.
La cifra figura en el acta de la última reunión de la comisión de seguimiento del convenio de normalización financiera del Puerto, un órgano creado en 2011 para auditar los planes financieros del Puerto, y decuplica la valoración de la zona de San Diego como terreno portuario. De acuerdo con una tasación publicada en el BOE en septiembre del año pasado, una parte de los terrenos se valora en 139,5 euros por metro cuadrado, y otra en 142,5, aunque no cifra la superficie de las áreas. Incluso aplicando la valoración más alta a todo el sector, quedaría en algo más de 23,9 millones de euros.
El acta de la comisión de seguimiento, que se presentó en el consejo de la Autoridad Portuaria de hoy, también aclara que el cálculo del valor de San Diego se refiere al “entorno de 2026”. Esta es la fecha en la que, según el plan de empresa del Puerto para el año pasado, se empezarían a vender los terrenos, pero podrían no cumplirse los plazos, ya que hay concesiones que estarán vigentes hasta 2027.
Pero este mismo plan de empresa fijaba “para el ejercicio 2021” la enajenación de los terrenos del Hotel Finisterre y de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, unas zonas que, según los informes de Segipsa, sumarían más de 34 millones de euros. Pero esta operación se ha encontrado con la oposición del pleno coruñés y movilizaciones ciudadanas en contra, y está parada.
Aunque hay una propuesta de convenio que contempla la venta del 95% de Calvo Sotelo y Batería a la Xunta y el Concello, el Gobierno local rehúsa firmarlo, o rechazarlo por completo, desde hace varios meses. De hecho, la Autoridad Portuaria ha declarado a la comisión de seguimiento que tiene “dificultades” para presentar un cronograma de enajenación de activos, “dada la imposibilidad de vincular tales operaciones a una fecha concreta”.
El Estado, que se ha negado recurrentemente a perdonar la parte que le corresponde de la deuda de la Autoridad Portuaria (200 millones de euros), vincula su refinanciación a la venta de Batería y Calvo Sotelo. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado del año pasado alertó de la “incertidumbre” de si la Autoridad Portuaria recibirá ingresos por los terrenos del puerto interior.
Deuda de 305 millones
La deuda con el Estado ha supuesto para la Autoridad Portuaria el pago de intereses millonarios desde 2011, aunque no se ha tocado el principal. Para la construcción del puerto exterior también se adquirió un préstamo de 130 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones, que ya se está amortizando. Junto con otros créditos menores, la deuda de la Autoridad Portuaria sumaba 305,5 millones de euros en junio del año pasado.
Pese a esto, la comisión fiscalizadora de las cuentas del Puerto señala que la deuda se mantiene dentro de los límites legales, si bien el mecanismo de cálculo muestra que el pasivo de la Autoridad Portuaria apenas ha bajado en una década. En el Convenio de Normalización Financiera de 2011, el Puerto coruñés se comprometió a no superar en más de 75 millones de euros el pasivo que se calculó para el proyecto de presupuesto de ese año, que era de 309 millones de euros, con lo que la cifra límite quedó en unos 384 millones
Por otra parte, el informe muestra que con la pandemia se consiguió una ejecución muy baja de las previsiones de inversión. En 2020 se gastó un 35,7% de lo previsto en este apartado, y en el primer semestre de 2021 un 6,36% de lo presupuestado para todo el año. El consejo de administración aprobó ayer una reestructuración del plan de inversiones.
El alza de la energía triplica el gasto portuario en luz
El consejo de administración del Puerto aprobó ayer incrementar su presupuesto en energía para este año y los dos próximos, debido al incremento de precio en el mercado. De unos costes anuales en torno a los 550.000 euros se pasa a los 1,8 millones: en total, la estimación para los tres años sube de 1,68 millones a 5,48, y la cifra inicial se multiplica por 3,25. El incremento permitirá a la Autoridad Portuaria firmar nuevos contratos en condiciones de mercado. La entidad tenía pactado el suministro energético con Audax Renovables y Gas Natural hasta el 22 de marzo de este año, y el 27 de enero licitó un nuevo contrato por un coste medio mensual de 55.000 euros. Aunque esto suponía un aumento de más de un 50% respecto a los costes de 2021, no se presentó ninguna empresa. El Puerto financiará el incremento con su fondo de maniobra, y no descarta “nuevas modificaciones presupuestarias” en un futuro. También trabaja para autoabastecer el puerto exterior con energías renovables a partir de 2024. El órgano de gobierno del Puerto aprobó ayer una concesión a Gadisa para construir y explotar una nave de más de 4.000 metros cuadrados en el muelle del Este, para tratar y comercializar pescados y mariscos, y otra al grupo Isaac Lema (que agrupa marcas como Subastas Faraldo y Congelados La Naviera) para gestionar una nave sin uso de 2.200 metros cuadrados en San Diego para preparar productos pesqueros. También dio visto bueno a dotar con 5,7 millones las asistencias técnicas para la obra del tren al puerto exterior.
