El partido judicial de A Coruña —que da cobertura a Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, A Coruña, Culleredo y Oleiros— registró en el primer semestre de este año 195 solicitudes de lanzamiento, de los cuales se practicaron 146.
Esto supone que, cada día desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, entró en los juzgados más de un requerimiento de desalojo. La cifra es inferior a la del año pasado en el mismo periodo, ya que en 2021, se registraron 259 solicitudes —tres peticiones cada dos días— y se practicaron 166 lanzamientos.
Estas cifras —aportadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia— incluyen no solo desahucios en viviendas habituales por impago de alquiler o de hipoteca sino también el desalojo de otro tipo de propiedades, como pueden ser barcos, locales comerciales o plazas de garaje, para los que se realiza el mismo procedimiento.
El Gobierno del Estado aprobó en junio renovar hasta el 31 de diciembre de este año el escudo social que creó durante las primeras semanas de la pandemia, para que ninguna persona pudiese ser desahuciada durante el estado de alarma, cuando estaba prohibido salir de casa salvo para realizar tareas esenciales, como ir al supermercado o a un centro sanitario.
Trabajadores de los juzgados indican que los lanzamientos se han restringido gracias a estas medidas, que no permiten que las personas vulnerables sean desahuciadas de su vivienda habitual sin una alternativa. De hecho, una de las circunstancias que recoge la norma es que los propietarios de las casas en las que residan los potenciales desahuciados tienen derecho a pedir una compensación si a sus inquilinos no se les ofrece una alternativa habitacional en los tres meses siguientes a que los Servicios Sociales emitan un informe que acredite su vulnerabilidad.
La situación se complicará, según explican trabajadores de los juzgados, si decae el escudo social, sobre todo ahora, que están subiendo los tipos de interés y también se está incrementando el Euribor, dos variables que hacen que las cuotas de las hipotecas se incrementen en —dependiendo de los casos— más de cien euros cada mes. Funcionarios de los juzgados, que tratan a diario con estas situaciones, indican, además, que el perfil de propietario que podrá enfrentarse a un lanzamiento —en caso de que no se amplíe el escudo social o no se tomen medidas para evitarlos— es diferente al de la anterior crisis, cuando los bancos no eran tan restrictivos como en los últimos años en la concesión de hipotecas.
Las personas que podrían tener problemas para conservar sus viviendas son propietarios que no pueden asumir un incremento sostenido de sus cuotas de hipoteca y que, llegado el momento, tienen que elegir entre comer o pagar la letra de la casa.
Ya el año pasado, los funcionarios de los juzgados preveían que se podían incrementar los desahucios por impago del alquiler, en cuanto decayese el escudo social que, finalmente, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.
El hecho de que se hayan ejecutado 146 lanzamientos cuando se solicitaron 195 durante el primer semestre tiene varias explicaciones, en algunos casos, se puede deber a que se tramitaron en los últimos días de junio y ya no dio tiempo a ejecutarlos en el primer trimestre, sino que aparecerán en la estadística del segundo; también a que las partes hayan llegado a acuerdo y no fuese necesaria la presencia de los funcionarios para desalojar la propiedad; incluso que las personas sobre las que pesa una orden de desahucio decidan irse voluntariamente de las vivienda y entreguen las llaves a sus propietarios.
