Un fichaje bajo sospecha desde el principio

El 1 de septiembre de 2020, el día que oficiosamente se retoma la actividad política tras el paréntesis de agosto, la alcaldesa, Inés Rey, anunció el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes, decisión que implicó además una remodelación del Gobierno local que afectó a varias áreas. Tres meses antes, Martínez se había convertido en edil no adscrita al haber abandonado Ciudadanos, por cuya candidatura fue elegida.

Desde el mismo momento en que se conoció esta decisión, el grupo municipal de Marea Atlántica la calificó de transfuguismo al suponer la ocupación de cargos de responsabilidad tras salir del partido en cuya lista accedió a la Corporación. “No hay transfuguismo. Yo estaba en un partido que he dejado y soy concejal independiente dentro del Grupo Mixto que ahora se une a un proyecto de gobierno para trabajar y ayudar a la ciudad”, se defendió ese mismo día Martínez.

Al mes siguiente, Marea presentó un recurso de reposición ante el Concello en contra del nombramiento, pero fue desestimado, lo que llevó a este partido a llevar el caso al juzgado en enero de 2021. La sentencia se hizo pública en abril de 2022 y estimó que la designación de Martínez vulneró la Ley de Bases de Régimen Local porque la concejala no adscrita asumió “nuevos cargos con incremento de sus retribuciones económicas”, por lo que declaró nulo su nombramiento y ordenó al Concello “cuantificar las cantidades percibidas como consecuencia de dichos acuerdos, que deberán ser reintegradas al Ayuntamiento con los intereses correspondientes”.

La edil de Deportes dimite al anular el Superior su entrada en el Gobierno local por transfuguismo

A pesar de insistir en la legalidad de la decisión que había adoptado, el Gobierno local esperó hasta el último momento para recurrir la sentencia, iniciativa que había adoptado previamente Martínez para garantizarse la defensa de sus intereses. Solo ocho meses después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó el fallo original y mantiene que se trata de un caso de transfuguismo, lo que dejaba al Gobierno local ante la disyuntiva de optar por un recurso ante el Supremo o acatar la resolución.

En solitario

La salida de Martínez del Gobierno local fue finalmente la decisión adoptada, de forma que la afectada llevará en solitario su caso ante el Alto Tribunal para intentar defender la legalidad de su designación y revertir la orden de devolver las retribuciones cobradas por encima de su salario como concejal sin cargo.

Su marcha del Ejecutivo y la asunción de sus competencias por la alcaldesa deja a los socialistas en precario, con solo ocho concejales en el equipo de gestión, ya que Eva Martínez Acón fue expulsada del mismo en noviembre de 2020. La situación es incluso más compleja si se tienen en cuenta las desavenencias existentes entre los integrantes del grupo municipal, que se materializaron el pasado marzo con la dimisión del hasta entonces concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, al considerarse marginado por la alcaldesa y sus colaboradores más directos.

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