Reus, ejemplo para la cárcel coruñesa

La ciudad tarraconense transforma su antigua prisión en un centro social integral en el que presta servicio a diario a 1.200 personas, una iniciativa pionera en España

Melchor y Sandra, en la entrada del centro social El Roser, antigua prisión de Reus.

Melchor y Sandra, en la entrada del centro social El Roser, antigua prisión de Reus. / Joan Revillas

Elisenda Colell / J. M. Gutiérrez

La prisión de Reus (Tarragona), fue construida en 1929, solo dos años después de la apertura de la de A Coruña. Tras el cese de la actividad penitenciaria, el edificio pasó a ser una guardería y posteriormente permaneció abandonado durante años. Una actuación del Ayuntamiento de la localidad acaba de convertirlo en el centro social El Roser, al que casi 1.200 personas acuden a diario para recibir una comida, dormir, ducharse o llenar sus despensas.

La instalación, de gestión municipal, lleva poco más de dos meses funcionando y es también el primer albergue municipal en la ciudad. Se trata de un proyecto pionero en España que concentra en un mismo espacio todos los servicios sociales, lo que ayuda a que las familias más necesitadas no tengan que andar dando vueltas por la ciudad. “Es una clara apuesta del municipio”, cuenta el director del centro, Albert Farré.

La iniciativa representa un ejemplo de las posibilidades que ofrece para A Coruña la recuperación del inmueble que durante décadas albergó su prisión provincial en las inmediaciones de la Torre de Hércules. Una vez que en 2009 dejó de tener este uso, quedó en estado de abandono a la espera de que el Estado se lo transfiera al Concello, con el que llegó a un acuerdo en 2005, con Francisco Vázquez en la Alcaldía, para abonar 1,2 millones a cambio de su cesión. La posterior decisión del Gobierno local del PP de anular ese pacto y la sentencia que obligó luego a cumplirlo hicieron que el paso de la prisión a manos municipales se demorase.

El actual Ejecutivo local llegó a un nuevo acuerdo con el central para recibir el inmueble a cambio de 2,3 millones, en los que se incluían los intereses acumulados y el Gobierno central renunciaba al cobro de 516.000 euros más, pero los votos en el pleno de PP, BNG y Marea Atlántica impidieron el mes pasado al Gobierno socialista materializar el convenio. La penosa situación en la que se encuentra la antigua cárcel por la falta de inversión estatal en su mantenimiento durante los últimos catorce años está detrás de la actitud de los grupos de la oposición, que exigen al Gobierno central que contribuya a la rehabilitación del edificio.

“Vine a Reus por un tema económico, es que Barcelona es muy caro”, explica Melchor, un vecino de Sant Adrià de Besòs de 56 años que hace dos años se mudó a Reus y ahora es usuario del centro social El Roser, que coloca a Reus en el mapa de atención a los más vulnerables, a diferencia de otras localidades que optan por mandar a las personas sin hogar a la gran ciudad. “Y esperamos que cada vez venga más gente y podamos llegar al 100% de la capacidad”, subraya Albert Farré.

Melchor se pasa la mañana entera frente a la antigua prisión de Reus, hoy reformada mediante una inversión municipal de dos millones de euros. Melchor y su pareja Sandra toman el sol en un lugar que sirve de plaza. Se conocieron viviendo en la calle de Barcelona. Él era jardinero pero lleva cinco años en paro. A ella, su madrastra la echó de casa.

“En Barcelona hay muchos albergues pero no nos gustan... y como hay tanta gente necesitada no pueden ayudarte mucho, hay listas de espera” cuenta él. Han pasado largas temporadas en la calle, pero desde que empezaron a cobrar una pequeña prestación, se mudaron a una pensión. “En Barcelona no lo podíamos pagar, por eso vinimos a Reus”, explica.

Lo poco que les queda no les da para pagar el resto de los gastos. Por ello acuden a diario a El Roser para buscar la comida que se sirve en el comedor social. Se la llevan hasta la habitación de la pensión y así se aseguran una comida caliente. Como ellos, hay más de 60 personas en esta misma situación. Otras 60 más, la mayoría ancianos o discapacitados, reciben la comida cada día en sus domicilios. Y otras 60 comen en el comedor social habilitado en el local.

La arquitectura del centro fue premiada en la Biennal Alejandro de la Sota, y finalista de los premios FAD 2022. Un edificio de una sola planta con una estructura en forma de hache para facilitar el buen funcionamiento del equipamiento y permitir una circulación cómoda. Desde cualquier punto se puede apreciar la estructura, que permite que los usuarios de los distintos servicios no tengan que cruzarse y gocen de entradas separadas.

“Teníamos un reto social y otro medioambiental. No queríamos derribar nada, sino poner en valor todos los elementos de la construcción», explica el arquitecto Josep Ferrando, cuyo despacho ha trabajado más de dos años en el proyecto. La reforma de la antigua prisión ha permitido que las cocinas del comedor social sean más amplias y tengan más capacidad. “También para tener congeladores más grandes con los que guardar y recuperar más comida”, explica Farré.

También ha crecido el supermercado social. Más de un millar de familias acuden una vez a la semana para llenar la cesta. Un proyecto también pionero porque el Ayuntamiento de Reus recupera más de 242 kilos de comida, la mayoría fruta y verdura fresca, con la ayuda de un Centro Especial de Trabajo.

Y justo al lado del economato se encuentra la joya de la corona: antiguas celdas reformadas donde ahora pueden dormir 16 personas repartidas en ocho literas. Las literas están distribuidas en dos habitaciones, una para hombres y otro para mujeres. Cada una tiene un acceso a un jardín, donde hay jaulas para poder cobijar a los animales de compañía.

Desde que la antigua prisión coruñesa dejó de albergar reclusos, se propusieron diferentes usos para el inmueble, como su transformación en un parador de turismo o en un centro de interpretación de la Torre de Hércules, así como en un espacio para el desarrollo de actividades vecinales. Durante el mandato de Marea Atlántica fue gestionado durante unos meses por el colectivo Proxecto Cárcere para la realización de iniciativas culturales y, ya con el Gobierno local socialista, se encargó un estudio para definir su destino.

El trabajo, cuyo contenido no fue divulgado por el Concello, planteó que se dedicara de forma prioritaria a la creación y gestión audiovisual, pero también que dedicase espacios a la Memoria Histórica, la interpretación de la Torre y las actividades vecinales. La permanencia de la cárcel en manos estatales y su estado ruinoso aplazan por ahora el debate sobre su futuro como instalación municipal.

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