La Policía acusa al Sindicato de Limpieza de estafar a empleados temporales haciéndoles creer que era necesario pagar la cuota de una asociación
A los cuatro acusados se les imputa un “delito masa” de estafa por el número de afectados y otra central sindical afirma que ya se había denunciado la exigencia de ‘mordidas’ a Trabajo
El secretario general de STL abraza a una allegada a su salida del juzgado el viernes. | // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA / Enrique Carballo
La investigación contra las cuatro personas vinculadas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) arrestadas este miércoles por la Policía Nacional por orquestar presuntamente una “red criminal” que cobraba mordidas a los empleados de las concesionarias municipales de limpieza viaria y recogida de basuras afirma que a los empleados temporales se les "estafaba" haciéndoles creer que para trabajar tenían que estar dados de alta en una asociación ligada a los acusados. Aunque fuentes oficiales de la Policía afirmaron en un primer momento a este diario que la investigación partió de la denuncia de personas “estafadas” por el STL cuando quisieron entrar a trabajar en las empresas, fuentes policiales conocedoras de las indagaciones indican que partieron de informaciones recibidas en el cuerpo.
El STL es mayoritario entre la plantilla de Prezero, que se ocupa de la recogida de residuos de los contenedores, y entre la de la UTE A Coruña Limpeza, encargada de mantener la higiene de las calles. De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, los empleados de estas empresas tenían que abonar un pago a los detenidos por acceder al trabajo y mantenerlo, y si se interrumpía esta cuota eran despedidos “bajo cualquier pretexto”.
También se acusa a los cuatro arrestados, que fueron puestos en libertad el viernes por el juzgado, de “corrupción en los negocios”. Son el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez, y el presidente del comité de empresa de Prezero, Luis Varela, además de dos mujeres que supuestamente colaboraban con ellos.
De acuerdo con la Policía Nacional, las personas que querían ir a trabajar en las empresas se encontraron con que, al hacer la entrevista, “los derivaban al sindicato”. Desde el STL, según las mismas fuentes, les exigían dinero y les “decían que tenían que pagar por ser contratados”. Sin embargo, se les indicaba que los abonos se debían a “motivos que no eran la mordida” expresada de manera explícita, con “pretextos”, y de esta manera “les ocultaban la ilegalidad”. Esto constituye un delito de estafa. De acuerdo con estas fuentes, las irregularidades se producían tanto en la concesionaria de limpieza viaria como en la de recogida.
El delito de corrupción en los negocios tiene penas de seis meses a cuatro años, y el de estafa puede llegar a los seis en casos en los que afecte a “un elevado número de personas”. Fuentes de la investigación indican que en este caso la estafa es un “delito masa” contra el patrimonio porque habría un alto número de afectados.
El decano del Colegio de Abogados coruñés, Augusto Pérez-Cepeda, señala a este diario que dependiendo de cómo quiera calificar los hechos el fiscal, se podría achacar a los acusados un delito por cada una de las personas estafadas, o considerarlo un “delito continuado”, englobándolos de manera conjunta, pero indica que en este caso se podría superar el límite máximo de las penas. Si los acusados fuesen condenados, afirma Pérez-Cepeda, las penas de prisión podrían ser sustanciales.
De acuerdo con el Código Penal, en delitos contra el patrimonio en casos como los que se les achacan a los acusados (con “pluralidad de acciones” y con “plan preconcebido” o circunstancias similares) el juez puede imponer a los condenados una pena “superior en uno o dos grados” a la básica, cuando “el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas”.
Denuncias previas a Trabajo
Diferentes centrales sindicales de la ciudad y distintas a STL se hicieron eco a este diario de que ya existían sospechas de que a los trabajadores de las concesionarias municipales se les exigían mordidas por trabajar: la situación, en palabras de un líder sindical coruñés, era “vox populi”. Un sindicato que actualmente no tiene representación en los comités de empresa de Prezero y A Coruña Limpeza señaló a este diario que “se había hablado con la Inspección de Trabajo y se puso en conocimiento que cobraban una cuota mensual” a los empleados, pero que los afectados no testificaron. Este diario no ha tenido acceso a documentación que lo pruebe.
Además de los crímenes de corrupción en los negocios y estafa, a los cuatro arrestados vinculados a STL también se les acusa de blanqueo de capitales, esto es, lavado de dinero. De acuerdo con la Policía Nacional, Miguel Ángel Sánchez administraba “en la sombra” varias sociedades a nombre de una colaboradora que ejercía de “testaferro”, y los arrestados habían tejido “una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas”.
Esta trama, siempre según la Policía, llegó a tener unos beneficios de más de 250.000 euros solo en el año 2021, y a los arrestados, además de incautárseles 45.000 euros en metálico, armas simuladas y un placa policial falsa, se les intervinieron propiedades, coches de lujo y cuentas bancarias por “un valor muy elevado”. Este diario intentó ponerse este sábado en contacto con Sánchez y Varela, sin que fuese posible. El abogado que lleva la representación de ambos, así como de otra de las acusadas, rechazó realizar declaraciones.
La Unión Comarcal de la CIG de Ourense reclamó a la Fiscalía que retome una denuncia que presentó este sindicato contra la concesionaria de la recogida de residuos y limpieza en la ciudad, la UTE Ecourense, en 2020, en la que también tiene representación STL. Según la CIG, “el mismo entramado que se persigue en A Coruña es el que tienen montado en Ourense”. El sindicato afirma que una parte del cupo de trabajadores de Ecourense es gestionado “directamente” por STL, una organización que “no puede ser considerada sindicato”, a través de la empresa Inprega y bajo la dirección de una de las detenidas en A Coruña. Las personas contratadas a través de esta empresa “tenían que pagar una tarifa mensual que comenzó por 63,50 euros y acabó en los alrededores de los 70”, mientras que en los contratos parciales la cantidad oscilaba en torno a los 40, según la CIG, y cuando alguien se negaba a pagar, dice el sindicato, “misteriosamente se le acababa el contrato”.
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