La investigación sobre el Sindicato de Limpieza empezó hace un año y coincidió con el conflicto de la basura de A Coruña

La investigación contra cuatro personas vinculadas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) y acusadas de cobrar mordidas a los trabajadores de las concesiones municipales de limpieza viaria y recogida de residuos empezó hace aproximadamente un año, según dos fuentes independientes y conocedoras del caso, que sitúan el inicio de las indagaciones entre febrero y abril de 2022. En estos meses, precisamente, se produjo un conflicto laboral en estos servicios, con múltiples sabotajes a los vehículos de recogida de basura y la denuncia, por parte de la empresa, de trabajadores ligados al STL, entre ellos el secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, acusado en el caso de las mordidas.

Fuentes policiales indican, sin embargo, que la investigación que llevó a la causa, que cuenta con “miles de folios”, no empezó a raíz de esta denuncia, sino de otras "informaciones" sobre presuntas irregularidades.

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Siempre según la investigación, el sindicato les habría exigido pagos con diversos “pretextos”, sin explicarles que era una mordida por trabajar en las empresas. Al menos algunos de estos abonos, indican fuentes policiales, eran de 73 euros mensuales, si bien este diario no ha podido saber si se cobraban a todos los empleados. Es una cifra similar a los 70 euros que, según acusa la CIG de Ourense, debían pagar al STL los trabajadores que accedían a través de él a la UTE Ecourense, la concesionaria de recogida de residuos y limpieza en esta ciudad. Para los trabajadores temporales, afirma el sindicato, que puso una denuncia en 2020 que ahora pide que se reactive, la cuota era de 40 euros al mes.

Esto constituiría un delito de estafa, uno de los que se achaca a Miguel Ángel Sánchez y al presidente del comité de empresa en la concesionaria de recogida de basuras, PreZero. Las otras dos personas acusadas son dos mujeres que, según la Policía, actuaban como “testaferro” en empresas relacionadas con la trama. Los otros dos delitos que se les imputan son blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por mordidas sin engañar con el motivo a los que las pagaban.

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Una de las compañías de esta “red criminal”, en cuyo centro la Policía sitúa a Miguel Ángel Sánchez, es Inusvalia, una empresa coruñesa creada en 2021 que se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad en la “ limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de la calidad medioambiental”. Fuentes policiales señalan que a las personas que accedían al trabajo por esta vía se les cobraban también mordidas, si bien de cantidad indeterminada. Hasta el momento “no se detectaron personas que no tuviesen discapacidad” y que entraran en las concesionarias a través de un cupo, si bien las fuentes policiales señalan que “no descartan que sí puedan aparecer” en las investigaciones que están en marcha.

La denuncia previa, retirada

La denuncia de PreZero contra Miguel Ángel Sánchez y otros miembros de STL se produjo el 26 de febrero del año pasado, según señaló la compañía en ese momento, si bien este diario ha podido saber que finalmente se retiró. Sánchez afirmó a su vez que denunciaría al Ayuntamiento y a la empresa por “presunta prevaricación”.

Se les acusaba de sabotajes contra el servicio: esa semana aparecieron más de dos decenas de vehículos de recogida con ruedas pinchadas y cristales rotos y dos ardieron: uno quedó totalmente carbonizado, pese a que se habían desplegado escoltas de la Policía Local. En paralelo, se registraron incendios en contenedores. Los residuos se acumularon en el exterior de los colectores por toda la ciudad. El Concello declaró el 28 de febrero un “estado de emergencia sanitaria” y contrató a una empresa externa, Tragsa, para reforzar los servicios. Esta compañía estuvo trabajando durante 37 días, hasta inicios de abril.

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Luis Varela, como presidente del comité de empresa y miembro de STL, desligó al sindicato de los ataques, afirmó que estos estaban poniendo en riesgo a los empleados y acusó a PreZero de no habilitar una “protección eficaz frente a los riesgos laborales”. No llegó a ser denunciado por la empresa.

En la primera semana de abril la plantilla de PreZero amenazó con un paro por el problema de los riesgos laborales, la falta de un plan de igualdad y la “persecución” y las “coacciones” que, afirmaba Varela, realizaba la empresa contra los representantes sindicales a través de sanciones por bajo rendimiento; PreZero amonestó a trabajadores que consideraba que estaban realizando una huelga encubierta. En paralelo, los empleados del servicio de limpieza viaria, donde también es mayoritario STL, amenazaron con un paro para que sus salarios se incrementasen con el IPC.

Las huelgas no se llegaron a producir, ya que las plantillas de las dos concesionarias las suspendieron durante la alerta sanitaria y llegaron a un acuerdo con sus respectivas empresas al fin de esta. Los trabajadores del servicio de limpieza viaria firmaron una subida salarial del 17% en cinco años, entre otras ventajas, y los de PreZero cambios de vehículos, cumplimiento del plan de igualdad y la retirada de sanciones y expedientes a trabajadores y sindicalistas.

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