La Policía cree que el Sindicato de Limpieza eximía de mordidas a los veteranos y cobraba a los temporales

Uno de los acusados por la presunta trama criminal de STL, Miguel Ángel Sánchez, saluda a allegados al salir de los juzgados

Uno de los acusados por la presunta trama criminal de STL, Miguel Ángel Sánchez, saluda a allegados al salir de los juzgados / Casteleiro/Roller Agencia

E. Carballo / R. D. RodríguezEnrique Carballo

La investigación policial en relación a las presuntas mordidas que cobraba el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) a los empleados de las concesionarias municipales de limpieza viaria y de recogida de residuos considera que había que pagar diferentes cuotas de acuerdo con la antigüedad del personal y cómo habían accedido a la plantilla. Los trabajadores más veteranos, según fuentes policiales, no tenían que abonar una mordida, mientras que a los temporales se les cobraban unos 70 euros mensuales.

Las fuentes policiales consultadas no aclaran en qué momento se empezó a implantar el sistema, pero afirman que a los trabajadores antiguos el STL “no los tocaba”. En la actualidad, según afirman las mismas fuentes, se cobraba a la “mayoría de la plantilla temporal”. El acceso de personas discapacitadas a las plantillas de las empresas concesionarias (que ahora son PreZero en el caso de la recogida de basuras y A Coruña Limpeza en la de higiene de calles), de acuerdo con la investigación, se realizaría a través de la empresa Inusvalia, con sede en A Coruña y creada en 2021. De acuerdo con fuentes policiales conocedoras de la investigación, a estas personas no se les cobraba mordida, si bien fuentes oficiales de la Policía Nacional habían afirmado a este diario, erróneamente, que se abonaban 60 euros.

Según su página web, se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad en la “limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de la calidad medioambiental”. La investigación policial está indagando si mediante esta vía entraron en las concesionarias personas que no tuviesen realmente minusvalía, una posibilidad que “no se descarta”. Sin embargo, según reconocen las mismas fuentes, situaciones como esta” “no se detectaron” en las investigaciones que se han realizado hasta ahora.

Las indagaciones empezaron hace aproximadamente un año, en la época en la que las plantillas de las dos empresas, en las que STL tiene representación mayoritaria, amenazaron con huelgas. También se produjo una campaña de sabotajes e incendios de camiones de basura y contenedores, de la que STL se desligó, y el Ayuntamiento declaró una alerta sanitaria por la acumulación de residuos, contratando a una empresa de refuerzo. Sin embargo, fuentes policiales señalan que la investigación no surgió de estos hechos, sino de personas “estafadas” al pedir trabajo a las que STL les exigió dinero con “pretextos”.

Sin respuesta de la defensa

Los cuatro acusados, que afrontan cargos de estafa, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales, son Miguel Ángel Sánchez, secretario general de STL, Luis Varela, presidente del comité de empresa de PreZero, y dos mujeres que colaboraban con ellos como “testaferros” de compañías vinculadas a la trama, una como responsable de Inusvalia. Este periódico ha intentando ponerse en contacto con esta empresa y los acusados, así como con los abogados que los representan, pero todos han rechazado realizar declaraciones.

De acuerdo con la Policía, los acusados constituyeron una “red criminal” que llegó a tener unos beneficios de “más de 250.000 euros” solo en el año 2021. A los detenidos se les intervinieron 45.000 euros en efectivo, algunas armas simuladas, nueve propiedades inmobiliarias cuyo valor se estima en medio millón y cuentas bancarias por “un valor muy elevado”. También se incautó una placa de policía falsa.

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