Pancartas de SOS por la cárcel

La agonía de la antigua prisión provincial ha originado demandas anónimas de remedios en forma de pancarta. Dos carteles reclaman en la entrada principal y en un lateral del complejo de la Torre que se ataje su deterioro, tras casi 15 años sin uso regular, en los que se han realizado contados actos cívicos, con los Gobiernos locales de PSOE y BNG (2007-2011) y de Marea Atlántica (2015-2019). El recinto acumula destrozos y residuos mientras permanece sin vigilancia. Y el acuerdo al que habían llegado las administraciones local y estatal el año pasado para que el Concello pagase 2,3 millones por recuperarlo no fue aprobado por el pleno.

Prisión sí, basurero no, protesta la pancarta colgada ante la entrada frontal y lamenta que la cárcel se encuentre “abandonada”. Restos de maderas y escombro, sillas de plástico rotas y basura sirven de soporte gráfico a la demanda, cuyo mensaje redondean las numerosas pintadas que pueblan las fachada principal. La otra denuncia la demora en atajar el declive del inmueble y su entorno: 20 o 30 años esperando. Solución ya, reclama.

Un butrón en un estrecho muro de ladrillo sortea las entradas tapiadas en 2021 y apunta a la asiduidad con que su autor o autores acceden al interior del inmueble, que contó con vigilancia solo seis meses en 2022, hasta que expiró el contrato, mientras el Ayuntamiento y el Estado buscaban un acuerdo para pasar la titularidad a manos municipales. Al otro lado del rudimentario acceso, una silla de colegio y un par de mesas conviven con una pieza de madera que yace en el suelo, escombros o redes de pesca.

El recinto acumula 14 años de abandono. Desde 2010, según figura en el contrato, pertenece a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). La entidad estatal tapió el inmueble y contrató la vigilancia por medio año pero ha eludido comprometerse a reparar el complejo. Y el Ayuntamiento nunca le ha interpuesto una multa por el deficiente estado de conservación en el que se encuentran tanto la construcción como su entorno.

La vieja prisión de A Coruña, historia de una condena

La Siepse y el Ayuntamiento han buscado un acuerdo extrajudicial, después de que sendas sentencias tumbaran las pretensiones municipales de anular el convenio firmado bajo el mandato de Francisco Vázquez, en 2005, que implicaría el pago de 1,2 millones por la titularidad del edificio y su parcela, y de lograr la reversión gratuita, movimiento que impulsó el Gobierno local dirigido por Carlos Negreira.

A finales del año pasado, el Ayuntamiento y el Estado acordaron fijar en 2,3 millones de euros el importe para que la antigua prisión pasase al inventario de bienes municipales. La cifra, que suma los intereses a los 1,2 millones iniciales, supone una rebaja de 600.000 euros con respecto al total que arrojarían los cálculos por el tiempo transcurrido desde la firma. El Gobierno local llevó a pleno la propuesta en diciembre, pero la oposición la tumbó. PP, Marea y BNG votaron en contra del acuerdo. Tras la votación, el Ejecutivo aseguró que no negociaría de nuevo con el Estado y acataría el pago del importe que la justicia determinase “en ejecución de sentencia”.

Los tres grupos que votaron en contra del acuerdo con el Estado en sesión plenaria se habían mostrado a favor de intentar la recuperación gratuita de la antigua cárcel. La conformación de la Corporación municipal que resulte de las urnas el domingo podría variar el enfoque sobre la prisión.

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