"Cuando se trata de derechos humanos, un juez no puede ser conservador"

El juez-magistrado Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional que lleva su nombre y que vela por la defensa de los derechos humanos participó ayer en un coloquio programado en el marco del Encuentro Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio. La palestra, bajo el epígrafe Odio ou convivencia, se desarrolló en las instalaciones que recrean, en los jardines de Méndez Núñez, la valla de Melilla. Para lo que ocurre en esa frontera, como para la situación de los campos de refugiados o las muertes en el Mediterráneo, utiliza a conciencia una palabra: “masacre”.

La valla de Melilla, escenario de una catástrofe humanitaria el año pasado, tiene un espacio protagonista en el encuentro Acampa de este año. Habla de masacre. ¿Qué calificativo le merece lo ocurrido el año pasado?

Hubo unas diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal que se sobreseyeron después. Se ha presentado una querella por varias organizaciones humanitarias, que está pendiente de ser admitida a trámite. Desde mi punto de vista, no se puede solucionar un tema como este como un sobreseimiento, o con una persecución contra los migrantes. Ha habido condenas de personas que intentaron saltar. Eso es disfrazar la realidad. Hay imágenes que demuestran cómo se les dejó llegar a un recinto sin salidas y se arrojó gas lacrimógeno. Todo eso se tiene que investigar. La acción penal de la justicia es a posteriori, habría que ver qué podemos hacer para que no se produzcan esas situaciones. Ahí entran los acuerdos entre la Unión Europea y los países que favorecen o consienten que esta situación sea así. Es una falacia por parte de la Unión Europa establecer acuerdos en los que se indemniza a los países para retener migrantes sin control, como en Libia, donde se violan sistemáticamente derechos humanos. El juez debe profundizar. El hecho de una investigación en profundidad es una forma de reparación a las víctimas. 

Lo ocurrido en Melilla hace un año inspira otra palabra: impunidad. ¿Debería la Justicia encarar un rol más activo en estas causas?

La Justicia es siempre el último reducto, si puede evitarse el procedimiento penal significa que habríamos evitado el delito, y eso quiere decir que hay buenos mecanismos de prevención: pedagogía, educación, acuerdos bilaterales, una legislación protectora de las víctimas, y que no estemos en una situación en la que solo nos importa contener las “hordas” que vienen de fuera. Que la justicia actúe tiene que ser una forma de reparación, de forma independiente, sin ataduras, teniendo en cuenta que este mecanismo de la migración no tiene por qué ser reprimido, sino comprendido, normalizado, legalizado y, sobre todo, combatir a las mafias. 

El drama migratorio es uno de los retos que afronta Europa en términos humanitarios. El último informe de Agencia de Derechos fundamentales sitúa la persecución al colectivo LGBT como otro. ¿En qué contexto nos movemos?

Uno de los males de hoy en día es el discurso de odio. Suponen un componente que da inicio a otras consecuencias mayores.. Lo que parece que no tine importancia, si no se la da, pasa a un estadio mayor, se hace más grande y se llega a banalizar con la indiferencia, y desembocamos en crisis como el nazismo de los 30, y después no comprendemos cómo, cuando tenemos todo los mecanismos para evitarlo, volvemos a estar entrando en zona peligrosa, la ola extremista en Europa. No es cuestión de que una ideología se acepte o no, sino de que los valores que componen ese tipo de ideologías extremas no garantizan la sostenibilidad de los derechos conseguidos. No hace mucho hubo una agresión en el metro de Barcelona que todavía no ha tenido una iniciativa judicial, porque la víctima, como en el 70% de los casos, no dencuncia, porque las instituciones no la van a proteger. Incluso los mecanismos de la justicia para garantizar esa integridad van a durar X tiempo, depsués no. Hay que diseñar mecanismos en contra de la impunidad, para que ese discurso del odio no arraigue y no lo normalicemos.

Esa amenaza se cierne sobre España, con la  ultraderecha entrando en varios gobiernos. Prometen derogar muchas de las leyes que protegen a colectivos vulnerables. 

No olvidemos que el fascismo entró de mano de la democracia. Hemos visto procesos populistas que han acabado haciendo estragos. En EEUU, el gobierno de Trump acabó con un asalto al Capitolio, a la institución fundamental de la democracia norteamericana. Jugar con estas cuestiones es grave, y somos responsables, no nos podemos llamar a engaño. El voto es un acto de responsabilidad, y no podemos dejarnos llevar más que por la propia conciencia. Ese voto tiene una cuota de responsabilidad. Hay otro instrumento peligroso, que utiliza la extrema derecha que son las redes sociales, la capacidad de difusión y de manipulación informativa. 

A la Justicia española se la ha tachado a veces de excesivamente conservadora o incluso connivente con los intereses de la extrema derecha. ¿Encontrarán quienes se proponen derogar avances sociales una aliada en la justicia?

Ojalá que no. Esperemos que las personas que ejercen en el ejercicio de la imparcialidad, legalidad, independencia, se dejen guiar por esos principios del respeto fundamental a los derechos humanos, la exigencia constitucional con base a la declaración univesal. La justicia sabe cuál es el proceso. Cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, el juez no puede ser conservador, tiene que se progresista. La interpretación de la ley a la hora de proteger los derechos de las víctimas tiene que ser progresista, porque sino revierte en una pérdida de los derechos conseguidos. 

La impresión es que se está instrumentalizando  la justicia como arma en el debate político.

Desgraciadamente es así. El uso de la justicia a veces no es lo objetivo que tendría que ser. La justicia no es un ente amorfo, se aplica y se interpreta por personas y que resuelven conflictos, pero esa acción tiene que ser siempre constructiva para reafirmar y ampliar el ámbito de derechos. Las garantías, por supuesto, pero víctima y victirmario no están en el mismo plano. Al victimario hay que garantizarle un juicio justo con todas las garantías, a la víctima hay que protegerla y ser proactivo en su defensa, y desgraciadamente a veces la justicia no es así. Se esconde para no asumir los riesgos de defender a las víctimas, y eso es grave. Hay que ser poactivo, comprometerte, arriesgarte, estar expuesto a la crítica, que eso es el servicio público. 

Hay quien considera en el seno de la Administración de Justicia que el lugar central que se les da a las víctimas en los procesos compromete el sistema de garantías penales.

No, porque no son estadios equilibrados. Quien comete un asesinato es un presunto autor y tiene la garantía de la presunción de inocencia hasta que quede acreditado que es el autor, eso no quiere decir que tengas que tratar a la víctima como si fuese un presunto delincuente. Tienes que protegerla. Hay segmentos de población que a veces no tienen ni capacidad de acceso a la justicia por los mecanismos legales tan coercitivos, el juez tiene la obligación de ser proactivo. 

¿Debe ser la justicia un sujeto político, no un instrumento?

Quienes administran la justicia no pueden ejercer la política pero tienen sus ideas. Siempre un juicio va a tener una interpretación, lo importante es que se base en las pruebas, el estudio concienzudo, la valoración de los hechos y la prueba que los sustente para establecer una consecuencia. Eso no es política, pero la acción de la justicia no puede quebrantar los derechos fundamentales. Que me digan que si estoy en contra de la tortura, a favor de los derechos de las mujeres, en contra del patriarcado que “eso es política”. No, eso es ejercer lo que dice la Constitución.

En esta relación tensa entre política y justicia, el lawfare se ha revelado como una amenaza para la democracia porque ataca la legitimidad de las instituciones, pero también para la propia Justicia. 

Efectivamente. El lawfare viene a decir guerra jurídica. Es la instrumentalización del Derecho para fines políticos, que deberían de dilucidarse o debatirse fuera del ámbito de la justicia. Determinados segmentos de jueces o fiscales toman partido político y se convierten en ariete de una formción política, en contra de otros, criminalizando situaciones con el transcurso del tiempo se ve que no eran tales, o fabricando posiciones que contribuyen a degradar la institución. Lo hemos tenido con Lula da Silva. El juez Sergio Moro instrumentalizó todo un proceso que al final la corte suprema de justicia de Brasil ha tumbado. Mientras tanto, Lula estuvo en prisión, y se le inhabilitó para presentarse a las elecciones anteriores, que sin duda de habérsele dejado hubiese ganado también. En el medio hemos tenido cuatro años de un gobierno protofascista que ha causado muchos prejuicios al mundo entero. Cuando políticamente se quiere eliminar a una persona de la contienda política no hay más que presentar una querella, se admite a trámite, y aunque después se archive, ya se te ha impedido ejercer un derecho.

Aunque se archive, esa persona queda marcada.

Marcado y te ha cambiado la vida. En mi caso, yo fui juzgado y condenado de forma instrumental, con una sentencia que parecía categórica, que diez años después el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad dijo que era parcial, arbitraria, que no había previsibilidad penal en la condena. ¿Y entonces por qué?

Y en esa pelea sigue.

Sí, porque creo que debo de hacerlo, pero no ya por mí. Tengo mi vida hecha en los últimos 12 años a la fuerza, te tienes que reinventar, seguir adelante, pero mi lucha continúa porque es un mal ejemplo. Nunca se debe condenar a un juez por interpretar el Derecho. La ley de Memoria democrática en su preámbulo y en su artículo 2.3 recoge la interpretación que en mi resolución de 16 de octubre de 2008 al iniciar la investigación de los crímenes franquistas yo establecía. En medio, una interpretación judicial contraria a toda la línea del derecho fundamental de los derechos humanos y que supuso mi suspensión. Son las cosas que pasan.