La policía desaloja a un hombre que vivía en la prisión de la Torre medio año después de terminar el contrato de vigilancia

El hombre se había ocupado de adecentar el penal e incluso lo abría a visitas de interesados

Interior de la cárcel de la Torre

Interior de la cárcel de la Torre / Casteleiro/Roller Agencia

Redacción

Policía local, Policía Nacional y Bomberos se han congregado esta tarde en el entorno de la antigua prisión provincial, frente a la Torre de Hércules, con el objetivo de desalojar a un hombre que llevaba un tiempo residiendo en el interior del penal. Los efectivos desplazados han precintado la zona de la entrada.

El hombre llevaba unos meses residiendo en el interior de la prisión, que él mismo se había ocupado de adecentar, pues se encontraba muy deteriorada, con basura acumulada y escombros por todas partes, producto de los años de abandono que el edificio viene padeciendo desde que cesaron los usos penitenciarios. Además, el propio residente se encargaba de abrir la prisión gratuitamente a visitas de turistas o ciudadanos que pudiesen estar interesados en recorrer sus monumentales estancias. En paralelo, el mismo hombre había colgado, en los muros exteriores, numerosas pancartas alertando del estado de abandono de una parte del patrimonio de A Coruña e interpelando a las administraciones a llegar a un acuerdo para salvar la cárcel del deterioro.

La cárcel permanece sin vigilancia desde el pasado mes de diciembre, cuando expiró el contrato de vigilancia que se formalizó el pasado junio por tres meses prorrogables hasta el medio año. Cumplido dicho plazo, el contrato, formalizado después de que el edificio registrase numerosas entradas ilegales y varios incendios, no se renovó, con lo que la prisión quedó, de nuevo, sin vigilancia. El edificio, actualmente en manos de Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dependiente del Ministerio del Interior, lleva años siendo objeto de vaivenes judiciales y extrajudiciales por su titularidad, que el Concello reclama. Estado y Ayuntamiento llegaron el año pasado a un acuerdo extrajudicial conforme el Concello pagaría 2,3 millones de euros a la Administración central. Un importe entre los que se contaban 1,1 millones en concepto de intereses. El acuerdo finalmente no salió adelante tras no obtener apoyo del pleno municipal.