La patronal de pisos turísticos llevará al Concello de A Coruña al juzgado si este cierra los que considera en zona ilegal

La patronal de pisos turísticos advierte al Concello de que está dispuesto a ir al juzgado. El Ayuntamiento ha comunicado a la Xunta que considera a los pisos turísticos como negocio, con lo que, siguiendo la normativa urbanística, quedan prohibidos con carácter general excepto en edificios exclusivos, bajos o primeros pisos que no estén encima de una vivienda convencional. Además de pedirle explícitamente al Gobierno gallego que impida la inscripción de nuevos establecimientos, el criterio municipal permite cerrar otros ya existentes. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) señala que “recurrirá judicialmente” la decisión municipal “en el mismo momento en el que emita la primera notificación de cese” de actividad.

El Concello anunció el mes pasado su intención de considerar los pisos turísticos como negocios, casi dos años después de pactar con Marea Atlántica una regulación que todavía no se llevó a cabo, y basa su interpretación en sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) referidas a Santiago y Pontevedra. Aviturga señala que son “ajenas al municipio de A Coruña” y que “se encuentran en proceso de recurso".

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Para la asociación, la postura del Ayuntamiento surge de una “interpretación sesgada e interesada de la normativa” y perjudica a “unas 500 familias de A Coruña que tienen ahora abierta una vivienda de uso turístico en la ciudad”. De acuerdo con el listado de la Xunta, el número de establecimientos en el municipio ya supera el millar, si bien no todos están en activo simultáneamente.

Aviturga forma parte de una mesa municipal, creada este año, para crear una normativa específica que regule los pisos turísticos, aunque por el momento no se ha creado un borrador. La asociación acusa al Ayuntamiento de tener un “nulo talante dialogante y negociador” y critica que si hay una “batalla judicial” el Concello usará “recursos públicos de toda la ciudadanía para cercenar el derecho de los propietarios”.

La asociación considera también que eliminar las viviendas de uso turístico no va a tener una influencia significativa a la baja en el precio del alquiler, o sacar al mercado más arrendamientos de larga duración. Creerlo es, afirma Aviturga, denota “un total desconocimiento de la realidad local” y es “un argumento muy pobre”. La falta de vivienda en la ciudad, cree la asociación, “obedece exclusivamente a la ausencia de políticas activas” de las administraciones.

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