El Concello de A Coruña inicia nuevas negociaciones con el Gobierno para recuperar la antigua cárcel

El Ayuntamiento ha empezado “gestiones” con el nuevo Gobierno central para “abrir una nueva negociación” para que la antigua cárcel provincial de las cercanías de la Torre vuelva a ser propiedad municipal, según anunció este miércoles el portavoz municipal, José Manuel Lage. El Gobierno local socialista ya había desarrollado conversaciones durante el pasado mandato, que culminaron en una oferta del Estado de ceder la finca (originalmente municipal) a cambio de 2,3 millones de euros, rebajando 500.000 de la cifra que, afirmaba el Ayuntamiento, podía exigir. Pero el acuerdo no prosperó por la oposición en el pleno de PP, Marea Atlántica y BNG, que se oponían a pagar. Al inicio de este mandato, los nacionalistas exigieron una nueva negociación en su pacto para investir a la alcaldesa, Inés Rey, y Lage indicó ayer que las conversaciones se retoman “obedeciendo el mandato del acuerdo”.

Pero el portavoz municipal, que realizó estas declaraciones dirigiéndose al grupo municipal del BNG durante el pleno extraordinario en el que ambos grupos aprobaron inicialmente el presupuesto para 2024, también adelantó que estas nuevas comunicaciones se entablan “sin que eso presuponga ningún resultado”; según ha manifestado reiteradamente el Gobierno local, el Estado podría exigir que el Ayuntamiento pague por la finca, pues hay una sentencia judicial que lo avala.

La cárcel, abierta en 1927 en una finca cedida por el Concello, perdió el uso penitenciario como tal en 1998, aunque se mantuvo hasta 2009 para actividades de inserción social y presos que solo acudían a pasar la noche. Desde entonces ha permanecido cerrada, con usos cívicos puntuales, y en un estado de deterioro cada vez más grave.

En 2005 el Ayuntamiento, con el socialista Francisco Vázquez como alcalde, firmó un convenio con el Estado por el que el Concello se comprometía a ceder la finca que ahora ocupa el centro de inserción social de Monte Alto y pagar 1,2 millones de euros. A cambio, recuperaría la parcela de la cárcel y el edificio.

La policía desaloja a un hombre que vivía en la prisión de la Torre medio año después de terminar el contrato de vigilancia

Pero con la victoria electoral del alcalde popular Carlos Negreira, en 2011, el Ayuntamiento cambió de criterio, y exigió la devolución gratuita. En 2014 declaró el convenio nulo de pleno derecho, y la sociedad estatal que gestiona la finca, Siepse, recurrió a los tribunales. En 2015 entró en el Concello Marea Atlántica, que siguió el mismo criterio que el Partido Popular. También negoció una cesión temporal de la cárcel para acoger actividades culturales, algo que solo se realizó durante unos meses de 2018. En 2020, ya con Inés Rey en la Alcaldía, el Tribunal Supremo dio carpetazo a la pretensión municipal de recuperar la cárcel gratuitamente. Según defendieron tanto Rey como Lage el pasado mes de septiembre, el Estado podría ahora promover un procedimiento de ejecución de sentencia y obligar al Concello a pagar por la cárcel tanto la suma inicial como los intereses legales.

Según adelantó este diario, en febrero de 2021 el Concello solicitó al Estado llegar a un convenio extrajudicial, y, aunque este, según Siepse, fue “pleno” en mayo de ese año, el Gobierno local dejó pasar más de un año sin ejecutarlo. En julio del año pasado anunció que el acuerdo era abonar el principal y 1,1 millones de intereses, esto es, un total de 2,3 millones, y que esto supondría una rebaja de 500.000 euros frente a la cantidad adeudada.

Rechazo de la oposición

Pero cuando el Gobierno local llevó el trato a pleno, en diciembre de 2022, la oposición lo rechazó: fue uno de los dos acuerdos plenarios que no prosperó en el pasado mandato, de un total de 218. PP, BNG y Marea Atlántica coincidieron en insistir en la reversión gratuita. En enero de este año los tres aprobaron una moción conjunta (con el voto en contra del PSOE) para iniciar una nueva negociación por la cárcel que incluya plazos y condiciones “para la reversión gratuita del edificio”.

Esta moción también incluye el compromiso presupuestario del Gobierno del Estado para la rehabilitación y puesta en valor” del inmueble, una condición que, según el Ayuntamiento, no estaba en el acuerdo con Siepse del mandato pasado. El Gobierno local no ha dado una cifra concreta para la reparación, pero la estima en decenas de millones. El BNG, de hecho, lleva una década pidiendo que el Estado repare la cárcel.

Es difícil que el Gobierno acepte unas condiciones tan diferentes a las que ha venido defendiendo hasta ahora, por lo que el BNG puede verse en la tesitura de que los socialistas le traigan un acuerdo que vaya en contra de lo que ha defendido. Significativamente, ni el pacto de investidura ni el acuerdo político entre PSOE y BNG firmado la semana pasada para aprobar los presupuestos mencionan la reversión gratuita ni la reparación: se limitan a pedir el “inicio de una nueva negociación” sobre la cárcel.

Suscríbete para seguir leyendo