Así caerían los alquileres en diez zonas A Coruña si se aplica el tope del Gobierno: hay rebajas del 55%

La mayoría de las ofertas de alquiler de un piso en A Coruña piden precios sustancialmente por encima de los que recomienda el Estado a través de una nueva herramienta, el Índice de Precios de Referencia, que estima un precio mínimo y otro máximo para los inmuebles de todo el país según su zona y características. Este índice es, en principio, una recomendación, pero si la ciudad se declarase zona tensionada, como le pide el Ayuntamiento a la Xunta, se haría obligatorio para grandes tenedores y viviendas que accedan al mercado. De diez ofertas de arrendamiento en diversas zonas de la ciudad, consultadas este miércoles por este diario, nueve quedan por encima del límite máximo, y si este se aplicase, obligatoriamente podrían imponerse rebajas de hasta el 55,5%. De media, los descensos serían del 27% con respecto a lo que piden los dueños, y, si se toma como referencia el precio mínimo, la bajada llegaría al 46,7%.

Estos cálculos no son perfectos, ya que este diario no tiene acceso a todos los datos de las viviendas que pide el sistema automático de cálculo del Ministerio —se puede consultar gratuitamente en serpavi.mivau.gob.es—, y ha tenido que realizar estimaciones. Pero los descensos son generalizados. El caso más extremo es el de un piso en la calle Alfredo Vicenti, en las proximidades de la plaza de Pontevedra: su propietario pide 2.100 euros, mientras que el precio máximo que recomienda el Estado es de 934, y el mínimo de 638. Descuentos, respectivamente, del 55,5% y del 69,6%. A pocos metros, en la calle Orzán, otro piso se oferta por 1.000 euros, y es el único que entra en la horquilla del Ministerio: el Estado establece un precio de entre 659 y 1.006 euros.

En el caso de Alfredo Vicenti, el piso está en una zona céntrica y muy demandada, pero los sobreprecios no se encuentran solo en los barrios más caros. Un piso de Almirante Mourelle, en el Agra, está para alquilar por 875 euros, pero el Índice de Precios de Referencia considera que vale como mínimo 424 y, como máximo, 531. El límite superior queda un 41% por debajo de lo que pide el dueño.

¿Cuánto durarían las medidas para contener el precio del alquiler en A Coruña que pide el Concello?

En la calle Joaquín Cotarelo, cerca de la comisaría de Lonzas, otro propietario pide 950 euros por un piso que el Ministerio valora entre 460 y 555 euros, esto es, habría que aplicar una rebaja de, como mínimo, el 41,6%. También se deberían bajar el precio en más de un tercio en el caso de una oferta de la avenida Fernández Latorre, cerca de Cuatro Caminos: se oferta por 900 euros, y la horquilla recomendada es de 411 a 580. En la calle Falperra, otro piso en arrendamiento por 900 euros debería valer, para el Ministerio, entre 435 y 627 euros. Esta segunda cifra es un 30,3% inferior a la del anuncio.

En el límite de As Atochas y Monte Alto, otro piso de Varela Silvari valorado en 900 euros quedaría en una franja de 429 a 700 euros, y uno de Manuel Azaña, en Os Rosales, tendría que bajar de 850 a entre 517 y 665 euros. En ambos casos, rebajas de un quinto del precio, en el caso más generoso para el propietario. Hay menos diferencia en un piso de la avenida de Monelos para el que el dueño pide 875 euros y que el Ministerio estima entre 537 y 762 euros, pero incluso aquí el extremo máximo del umbral es casi un 13% menor que la oferta. En el caso de un piso de la avenida de Arteixo próximo al centro de salud de Os Mallos, el propietario pide 800 euros, mientras que el Ministerio calcula entre 622 y 724, un 9,5% menos.

Los tres sectores que la Xunta exige consultar para congelar el alquiler en A Coruña rechazan la medida

“La Xunta tiene que trabajar”

El índice del Ministerio entrará en vigor el próximo 13 de marzo en zonas de mercado residencial tensionado, si bien por el momento Cataluña es la única comunidad dispuesta a aplicar topes de alquiler. La declaración de zona de mercado residencial tensionado, una figura introducida por la nueva Ley de Vivienda, corresponde a la comunidad autónoma, y, además de imponer estos límites a propietarios de más de diez viviendas (o cinco, si así lo considera la Administración autonómica) y a pisos que se pongan en el mercado sin haber estado alquilados en el lustro anterior, congela los precios de los arrendamientos ya existentes y establece ventajas fiscales para promover el alquiler.

El Concello pidió al Gobierno gallego que declarase la ciudad zona tensionada en octubre de 2023, pero la Xunta, que manifestó en varias ocasiones su oposición a la figura, desechó su propuesta al considerar que no estaba suficientemente fundamentada. Este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, insistió en que “la competencia es de la Xunta” y dijo que esta “tiene que ponerse a trabajar” para declarar el municipio zona tensionada e “intervenir de alguna forma en un mercado con precios muy elevados”, que, añadió, se “han duplicado en los últimos años”.

El Gobierno gallego devuelve el balón. Fuentes de la Xunta señalan que no va a declarar de oficio zonas tensionadas porque “las obligaciones que fija contribuyen a desincentivar a los propietarios, e incluso a reducir la oferta, y ya fracasaron en otros países y ciudades europeas”. El Ejecutivo autonómico sí que aprobó criterios para que los ayuntamientos activen el proceso, que incluyen la obligación de consultar a colectivos y, explícitamente, agentes de la propiedad, administradores de fincas y promotores. Tres agrupaciones profesionales que, como ya publicó este diario, se oponen a la medida.

La Xunta indica que nunca “impulsó ni apoyó” la declaración de zona tensionada para A Coruña, pero añade que trasladó al Ayuntamiento que debe presentar una solicitud “debidamente argumentada y justificada” en varias ocasiones, “tanto en contactos bilaterales como públicamente”. Así, pone la responsabilidad en manos del Concello, del que no ha trascendido que presentase una nueva petición.

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