La ley permite congelar el alquiler en la mayoría de barrios de A Coruña por el alza de precios del último lustro

La Xunta ha señalado esta semana que no declarará la ciudad como zona de alquiler tensionado, una petición del Concello que permitiría, entre otras medidas, congelar los arrendamientos, topar los precios para grandes tenedores y dar incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado. De acuerdo con el Gobierno gallego, de la docena de distritos de la ciudad, solo en As Atochas-Monte Alto, Ciudad Vieja y Pescadería se cumplió el requisito legal de que los precios subieran, en cinco años, por encima del IPC más tres puntos. Sin embargo, usando como referencia la Ley de Vivienda y los propios datos de fianzas que recopila la Xunta, se observa que entre 2018 y 2023 todos los distritos superaron este límite, excepto el 15190, que incluye Novo Mesoiro y Feáns. Y, si se usan los datos de febrero de este año, incluso este barrio cumpliría el requisito.

La ley de vivienda establece que para declarar una zona como tensionada hay que elaborar una memoria en la que se justifique que falta vivienda, bien porque pagarla supere el 30% de los ingresos o renta media de los hogares, bien porque el precio de compra, o de arrendamiento, haya aumentado tres puntos por encima de la inflación en la comunidad. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, el IPC subió en Galicia 16,9 puntos, que se convierten en 19,9 para respetar el cálculo al que obliga la legislación. Es una subida importante, pero menor a la media de la ciudad: de acuerdo con los datos del Observatorio da Vivenda, de la propia Xunta, el arrendamiento medio pasó de 502 a casi 619 euros, una subida de más del 23%.

El Ayuntamiento pidió el pasado mes de octubre declarar todo el municipio como zona tensionada, si bien no envió estos cálculos a la Xunta, presentando en cambio los datos de demandantes de vivienda. Pero el Gobierno gallego señaló a este diario que la realidad del mercado inmobiliario en diferentes partes de A Coruña es heterogénea y que “parece que no sería muy lógico” aplicar las restricciones de manera uniforme. Habría, en todo caso, que hacerlo por barrios.

El control del precio de los alquileres causa un nuevo choque entre Xunta y Concello

Y casi todos cumplen el requisito. La mayor subida, de casi un 37%, se da en el 15006, que recorre el litoral desde A Palloza hasta el Materno e incluye algunas viviendas en la zona de Santa Gema, además de A Gaiteira, la avenida de Oza y As Xubias: los precios saltaron de algo menos de 490 euros a casi 672, un 37,7% más. Las subidas son de en torno al 36% en otros dos barrios: en el 15010, Agra do Orzán-O Ventorrillo, se pasa de 418 a 567 euros; y en el 15011, Riazor, Labañou, Os Rosales, Visma y O Portiño, se pasó de 572 a 643 euros en cinco años.

En el 15002, que comprende As Atochas, Zalaeta y Monte Alto y que la Xunta sí ve potencialmente tensionado, se pasó de 478 a 622 euros, un 30% más. Pero en el 15005 (Juan Flórez, Plaza de Vigo y A Falperra), donde el Gobierno gallego no ve posibilidad de limitar los precios, la subida ha sido aún mayor, del 31%, desde los 536 a los 704 euros. Algo semejante pasa en el 15007, Os Mallos y Sagrada Familia, donde se pasó de 420 a 554 euros, un 32% más.

El 15004 incluye la plaza de Lugo y su entorno, con las calles entre la plaza de Pontevedra, Calvo Sotelo y el parque de Santa Margarita. Siempre según los datos de la Xunta, el salto fue del 28,7%, de 626 a 805 euros. Las subidas son similares en el 15001 y 15003, que el Gobierno gallego admite que se podrían considerar tensionados. En el primero, la Ciudad Vieja, se pasa de 532 a 679 euros, un 28% más, mientras que el tercer distrito postal, que comprende parte de la calle del Orzán, la avenida de la Marina, la plaza de Pontevedra y la calle Socorro, se sube en un lustro aproximadamente un 25,5%, de los 579 a los 727 euros.

En el 15008, que engloba el barrio de las Flores, el entorno de Alfonso Molina y la estación de trenes y Agrela, además de Elviña, se subió un 24%, desde unos 467 euros a 580, mientras que el 15009, que empieza en Cuatro Caminos e incluye Os Castros y O Castrillón, pasa de 466 euros a 594, con lo que el alza es del 27,5%.

La Xunta niega que la ciudad reúna condiciones para declarar tensionado el mercado de alquiler

La excepción es el 15190, situado en la periferia y que incluye a Novo Mesoiro y Feáns: el incremento fue de algo menos del 14%, pues se pasó de unos 339 euros a 385. Pero si se cogen los últimos datos del Observatorio de Vivenda, y se comparan los precios de febrero de 2019 con los de febrero de 2023, sí que se cumpliría el requisito, pues los precios pasan de 315 a 512 euros, casi un 63% más. Muy por encima del incremento del IPC más tres puntos en este periodo, que es de 19,1. Estas cifras son menos fiables porque incluyen un número de fianzas menor que los enumerados antes, que son de años completos. Si se aplicase este criterio, todos los barrios quedarían por encima de la subida del límite legal para congelar los arrendamientos, con la excepción del 15002 y 15003.

Reclamación del Concello

El Gobierno gallego, que se niega a declarar zonas tensionadas de oficio, rechazó que A Coruña cumpla los requisitos legales para serlo en una reunión el pasado martes en la que estuvo el concejal de Vivienda del Concello, Francisco Díaz Gallego, si bien fuentes municipales indican que no les explicó por detalle en base a qué cálculos lo hizo. Las mismas fuentes indicaron que el Ayuntamiento pedirá esta documentación y pedirá a la Xunta que “aclare por escrito” sus criterios. De acuerdo con el Ayuntamiento, el objetivo del Gobierno gallego es “torpedear” la aplicación de la Ley de Vivienda “para evitar dar solución al problema real del acceso a la vivienda”.

El Concello pidió que la ciudad se considerase zona tensionada ya a inicios de octubre, en una carta que, para la Xunta, no estaba “debidamente motivada ni justificada”. En noviembre, el Gobierno gallego introdujo un procedimiento para que los ayuntamientos puedan pedir la declaración de parte de su territorio como zona tensionada, añadiendo más pasos que los que establece la ley estatal. Desde entonces, se ha prolongado un atasco: el Concello culpa al Gobierno gallego por no tramitar su petición, pero no envía una nueva solicitud con los requisitos que le pide la Xunta, mientras que esta no se niega a tramitar solicitudes, pues la obliga la ley, pero critica la norma.

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