El sector inmobiliario de A Coruña reclama políticas que pongan pisos en el mercado para acompañar al tope de alquiler

El Concello reclama a la Xunta que declare la ciudad como zona de vivienda tensionada, un paso que la ley permite aplicar en la mayor parte de los barrios del municipio debido a la subida de los alquileres en los últimos años, y que facultaría a congelar los precios de los contratos que se renueven y poner un tope a los de los grandes tenedores, entre otras medidas. Los colectivos profesionales coruñeses del sector de la vivienda tienen visiones encontradas: los arquitectos apoyan la declaración, mientras que los administradores de la propiedad y promotores la rechazan. Pero todos coinciden en que, si se pone en marcha, las administraciones tienen que complementar estas limitaciones con políticas activas que favorezcan que entren más pisos en el mercado de arrendamiento, en especial públicos.

Para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, la zona tensionada es una herramienta, “junto a otras”, que tiene la administración para afrontar la “emergencia habitacional” que vive la ciudad. Considera que la Xunta, que se ha manifestado en contra de la Ley de Vivienda y cree que la mayor parte de A Coruña no reúne las condiciones para ser zona tensionada, debe mostrar “colaboración” ante la solicitud municipal, y “colaborar” con ella para facilitar a los ciudadanos el acceso a un lugar en el que vivir.

La ley permite congelar el alquiler en la mayoría de barrios de A Coruña por el alza de precios del último lustro

Varela señala que en la ciudad hay una oferta “escasa” de pisos para alquilar, unos 400, y que el municipio ya cuenta con más de 1.200 viviendas de uso turístico que han salido de ese mercado, además de las que no están en el registro de la Xunta. Junto con “la escasa e inasequible oferta de vivienda nueva o de segunda mano”, los arquitectos calculan “que la cifra de demandantes de vivienda pública en alquiler o compra puede ser superior a 20.000 personas”. La promoción de vivienda pública “es necesaria y muy urgente”, y hará falta “mucho tiempo” para cubrir la demanda. Reclama un “pacto entre todos los actores”.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, se opone a la declaración de zonas tensionadas, pues, considera que “disminuye la oferta de pisos y “perjudica a quien pretende proteger”, los inquilinos. La Ley de Vivienda “está produciendo efectos inflacionistas en los contratos de arrendamiento”, y argumenta que para bajar los precios hay que sacar más pisos al mercado, dando “seguridad jurídica” a los dueños para que recuperen su vivienda con rapidez en caso de impago.

El control del precio de los alquileres causa un nuevo choque entre Xunta y Concello

Pero en caso de que se declare una zona como tensionada, recuerda Vérez, la norma nacional, desarrollada por la gallega, obliga al Concello a realizar un plan para corregir el problema de la falta de casas asequibles, aportando propuestas concretas y plazos de ejecución. “La responsabilidad de que los ciudadanos tengan una vivienda en alquiler a precio asequible es de las Administraciones Públicas, no de los propietarios privados”, indica Vérez, que llama estas a fomentar la vivienda pública y público-privada, liberar suelo público para construir edificios sociales, agilizar las licencias ante la “emergencia social” y dar incentivos para sacar al mercado pisos vacíos, así como a rehabilitarlos.

Procedimiento atascado

El Ayuntamiento presentó a la Xunta su solicitud de declarar la ciudad zona tensionada en octubre, pero el Gobierno gallego, que se niega a establecer las zonas de oficio, consideró que estaba poco fundamentada. En noviembre estableció un procedimiento para tramitar las peticiones, si bien el Concello no lo ha utilizado. Los requisitos de la Xunta incluyen crear una mesa de consultas con agrupaciones del sector, y Vérez, cuyo colectivo tendría que estar en este grupo de trabajo, indica que “por ahora no nos han llamado”.

También están en este grupo los promotores, y el secretario general de la patronal provincial Aproinco, Juan José Yáñez, ve la ley contraproducente y poco práctica. Pone como ejemplo el tope de precios que, en base a un índice nacional, se aplica a los grandes tenedores en las zonas tensionadas: solo tienen este tipo de propietarios, señala, “el 3,1% de los arrendamientos”. Y estos topes, defiende, se han aplicado en varias ciudades “con un resultado nefasto”.

Desde su punto de vista, “lo que no son cuentas son cuentos” y la Administración tiene que poner fondos para aumentar la oferta de pisos, financiando políticas como la “rehabilitación, el alquiler asequible” o la promoción de vivienda pública y protegida. El Concello “no parece que haya cumplido los trámites” para pedir la zona tensionada, y para Yáñez “lo que nos gustaría es que dijeran que la han solicitado, pero que además van a poner de su parte con medidas como bonificaciones, gestión de suelo o reducción de plazos de licencias” presentando “un plan específico de reducción de los desequilibrios” de vivienda.

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