El empresario coruñés Carlos García Martín, dueño de compañías como Feca-Neón y Óptica Gallega, salió ayer públicamente a explicar su verdad sobre sus últimas cinco operaciones societarias, todas fallidas, por las que se ha visto envuelto en acusaciones de estafa. “Ni los corderos son tan corderos ni los lobos son tan lobos”, afirmó en una rueda de prensa de más de una hora en la que desgranó sus intentos fracasados de hacerse con Ipasa-Sanbrandan, Isidro 1952, Editorial Compostela y el puerto de Combarro, así como de hacer negocio con la comercialización de un arco nebulizador contra el coronavirus con dos socios de Lugo que acabaron denunciándolos a él y a Carlos Orozco, su mano derecha. Este último episodio, por el que García Martín y Orozco fueron detenidos e imputados este mes, les ha hecho salir ahora a la palestra para defender su honor en operaciones de las que hace ya más de un año. Es el caso de su compra anulada de la antigua Isidro de la Cal, en enero de 2020, cuando la pesquera renombrada como Isidro 1952 (ahora en liquidación) estaba en preconcurso de acreedores, ahogada por una deuda de más de 70 millones. García Martín tachó ayer de “tontería” que Pablo García-Gascó, el propietario, echara para atrás el contrato por algún incumplimento y apuntó otras razones: “Detectamos la posible quiebra fraudulenta de la empresa, se lo comunicamos a García-Gascó y automáticamente por WhatsApp se nos prohibe la entrada en las instalaciones de forma indefinida”, relató.
“Nosotros no podemos acusar porque no somos quien”, puso por delante García-Martín, quien detalló que presentó una querella contra García-Gascó en la que solicita de seis a 24 años de cárcel por la “sospecha” que él tiene, entre otras cosas, de que “la quiebra fue un poco buscada”. Por el momento no ha sido admitida a trámite, a la espera de que se resuelta su recurso.
Descapitalización
Según la versión de García Martín, este había firmado un documento privado de compraventa por valor de un euro —“exactamente lo mismo que había pagado García-Gascó por la empresa en su momento”, apostilló— y a partir de ahí comenzó a realizar la due diligence, habitual auditoría con la que se revisan las cuentas antes de comprar una empresa. “Empezamos a ver —explicó— cosas que no nos cuadraban: unas sociedades satélite sobre esta matriz, unas relaciones comerciales siendo los mismos socios... cosas que no nos gustan, lo que para nosotros podría ser una posible quiebra fraudulenta”. El empresario añadió que los balances reflejaban que Isidro 1952 y las sociedades vinculadas se estaban “descapitalizando unas por otras” ya que “no estaban pagando”.
García Martín llegó a ser presentando como nuevo dueño de Isidro 1952 el 17 de enero de 2020 ante los 223 empleados, a quienes prometió levantar el ERE en negociación e internacionalizar la firma para reflotarla. A la semana siguiente, el vendedor dio por nula la operación. El comprador fallido no quiso dar explicaciones en aquel momento. Ayer sí lo hizo: “Detectamos esas anomalías, unas anomalías impensables, y las ponemos en conocimiento de García-Gascó; entonces en lugar de intentar demostrar que podíamos estar equivocados, automáticamente se nos prohibe la entrada”. Pablo García-Gascó, contactado por ese periódico, rehusó ayer hacer declaraciones sobre estos hechos.
Isidro 1952 acabó cerrando hace más de un año y García-Martín reclama 3,7 millones como acreedor. La pesquera Profand se acaba de adjudicar la unidad productiva en la subasta de liquidación y prevé crear 140 empleos en la nave de Espíritu Santo (Cambre) y los criaderos.
“Es muy triste que nos detengan por estafa cuando nos deben dinero ellos a nosotros”
Carlos García Martín y Carlos Orozco, insistieron ayer en que son inocentes de los cargos de estafa que se les imputan por la denuncia de Santiago Mesías y Diego Rois, dos empresarios de Lugo con los que se embarcaron en un negocio para comercializar un arco nebulizador de desinfección anti-COVID —para el que según ellos tenían conversaciones avanzadas con Carrefour—. Ambos aseguraron que “no hubo fraude” y que son los lucenses quienes les deben más de 60.000 euros. “Es muy triste que nos detengan por estafa cuando nos deben dinero ellos a nosotros”, dijo García Martín.
Plan para vender Sanbrandan a Europastry
García Martín también repasó ayer los motivos por los que quedó en nada la opción de compra que firmó con la empresa panadera coruñesa Ipasa-Sanbrandan en 2019. Explicó abiertamente que su interés surgió cuando se enteró de que la multinacional catalana Europastry quería adquirirla. “Vimos la posibilidad de comprar para revender a Europastry; es a lo que nos dedicamos, comprar y vender, o especular, como cada uno lo llame”, afirmó. El problema vino, dijo, cuando los trabajadores se enteraron, ya que la catalana no tenía interés en mantener las tiendas. “Iban a montar una huelga y no nos interesó”, resumió. García Martín denuncia el “estigma” de haber estado en la cárcel. “Llevo 20 años intachable. Yo no soy el gran estafador”, zanjó.
