Su investigación de años en archivos y fosas de la Guerra Civil llegará el próximo lunes al despacho del juez Baltasar Garzón. Lejos de la cifra de desaparecidos estimada por la Xunta a través de un estudio encargado a las tres universidades gallegas -3.558-, la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, el único colectivo gallego que se sumó en 2006 a la denuncia interpuesta por ocho asociaciones ante la Audiencia Nacional por los crímenes del franquismo, calcula que fueron más de 7.000 los represaliados gallegos ejecutados entre 1936 y 1959, de los que unos 5.000 fallecieron durante la Guerra Civil.
Con la documentación que los colectivos de la memoria históricas enviarán el lunes a Garzón, el juez elaborará un censo de desaparecidos del franquismo -unos 130.000 según las asociaciones promotoras de la denuncia- y determinará si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Proceso judicial
Para el portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez, los datos que aportarán en la Audiencia Nacional tienen información "suficiente" para abrir un proceso judicial por "crímenes contra la humanidad". En cuanto a la investigación encargada por la Consellería de Cultura a las tres universidades gallegas, Rodríguez apuntó que se trata de "aproximaciones" teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y el vaciado del archivo militar de Ferrol, lo que suponen "represaliados claros". Por ello, estimó que teniendo en cuenta los testimonios de familiares y testigos de los paseados del franquismo, la cifra de represaliados ejecutados en Galicia durante la dictadura se eleva a 7.000.
En una conferencia en la sede de Amnistía Internacional en Vigo, Rodríguez manifestó su confianza en que los requerimientos judiciales de información de que dispone la Administración sirvan para "airear" esta documentación, con la que se podrá elaborar un censo "definitivo" de víctimas.
En su intervención, el portavoz de AI, Alberto Estévez, cargó contra el Gobierno central asegurando que si el Ejecutivo hubiese puesto en práctica todos los mecanismos reflejados en la ley de la memoria histórica el proceso se podría haber agilizado.
