Siete años después de que España emprendiera acciones legales en EEUU contra ABS, la empresa que certificó en 2002 la navegabilidad del Prestige, la Justicia norteamericana ha dado carpetazo a la demanda y con ella, a las aspiraciones españolas de recibir una indemnización millonaria por el accidente. En su dictamen la jueza de Nueva York Laura Taylor Swain falla a favor de ABS argumentando que, según las leyes federales norteamericanas, no se puede imputar responsabilidades sobre vertidos de crudo a las sociedades de calificación porque, recuerda, es el "propietario" del barco el que "está en última instancia a cargo de las actividades a bordo del buque".
La reclamación española contra la empresa norteamericana, sin embargo, se basaba en la supuesta negligencia cometida por ABS durante la última inspección realizada al Prestige. Apenas seis meses antes del accidente, los técnicos de la clasificadora revisaron el estado general del petrolero y certificaron que era "apto" para transportar petróleo, una decisión que se incorpora al registro del buque y que las compañías tienen muy en cuenta para el transporte de sus mercancías. Por ello, España presentó en mayo de 2003 una demanda civil contra ABS y otras empresas de la misma red reclamando 1.000 millones de dólares (unos 714 millones de euros) en concepto de indemnización.
La juez norteamericana aceptó el planteamiento español de que hay ramificaciones en el accidente del Prestige de cara a exigir responsabilidades "y reconoce el imperativo general de que se considere responsables a las partes apropiadas de los derrames que causan grandes desastres económicos y ambientales". "No obstante, la única cuestión para este tribunal es si una agencia de clasificación que presta servicios en nombre de un armador puede ser o no responsable legal de un accidente de este tipo en base a una certificación imprudente", plantea la juez, que concluye que cuando se producen ese tipo de desastres los únicos responsables son los propietarios de las embarcaciones, ya que bajo su cargo están todas las actividades que se producen en la nave.
"Las discusiones legales anteriores muestran que no pueden serlo, no hay distinción entre daños que se limitan a las partes privadas y los que son públicos. Por consiguiente, se acepta la petición de ABS", concluye el auto.
Un proceso de 30 millones
Después de siete años de periplo judicial en Estados Unidos y más de 30 millones de euros invertidos en el proceso, la demanda española ni siquiera ha llegado a juicio. Los abogados de ABS habían presentado en mayo un recurso ante la juez de Nueva York en el que planteaban dudas sobre la legislación que cabría aplicar en el caso y exigían que se aclarara qué tipo de juicio se celebraría. Swain se dio un plazo de dos meses para resolver estas cuestiones y decidir si seguía adelante o no con la demanda. Abogacía del Estado confiaba en sus opciones, como avanzó LA OPINIÓN, y daba por hecho que si la jueza decidía ir a juicio, la clasificadora trataría de evitarlo buscando un acuerdo económico previo. Además, el clima de sensibilidad social generado en EEUU por el vertido de petróleo en el Golfo de México favorecía los intereses de España, cuyos abogados esperaban un dictamen ejemplarizante.
El fallo judicial, sin embargo, tumba la demanda del Estado español, que, de momento, no ha hecho público si recurrirá o no la decisión. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaban ayer que los abogados del Estado están analizando la resolución de la juez norteamericana por lo que todavía no han decidido si presentarán recurso de apelación.
La decisión de la juez Swain, en todo caso, supone un gran varapalo judicial para España, que en los últimos siete años había centrado todos sus esfuerzos en responsabilizar a ABS del siniestro por su negligente inspección y certificación del petrolero Prestige, un monocasco de 26 años de antigüedad y con múltiples problemas estructurales y de mantenimiento. El Gobierno español se queda, por lo tanto, sin su única baza para lograr una indemnización económica por los daños que provocó el hundimiento del buque con 77.000 toneladas de fuel a bordo el 19 de noviembre de 2002.
Por ello, el abogado norteamericano Brian Starer, representante de los intereses españoles en el proceso abierto en Nueva York, se mostró ayer disconforme con el dictamen ya que entiende que da "carta blanca" a las empresas clasificadoras, algo, a su juicio, "sorprendente". El ministro de Fomento, José Blanco, eludió opinar sobre la decisión de la jueza norteamericana pero expresó su deseo de que "se esclarezca" cuanto antes la "responsabilidad" del accidente "en forma de sentencia". Blanco aludía así al proceso judicial que instruía hasta la semana pasada Corcubión y que determinará a los responsables civiles y penales del accidente.
Por su parte, el portavoz de ABS, Stewart Wade, celebró la resolución de la jueza neoyorkina y calificó el fallo de "correcto y apropiado".
En el proceso judicial abierto en Estados Unidos por el caso Prestige España se jugaba 1.000 millones de dólares, una cantidad estimada en base a los costes que supuso para el Gobierno reparar los daños del Prestige. Pero la indemnización reclamada en Nueva York se queda incluso corta a juzgar por los cálculos realizados por la Fiscalía gallega, que en el escrito de acusación que presentó en junio ante el juzgado de Corcubión cifraba en 1.974 millones de euros los costes directos de la catástrofe así como el daño medioambiental que sufrió España.
Tras el fracaso de su demanda norteamericana, las opciones de que los responsables del accidente paguen a España se han reducido considerablemente. Así lo denuncia Nunca Máis, que arremete contra el Gobierno por haberse embarcado en una "aventura judicial" en EEUU cuyo fracaso estaba asegurado.
En enero de 2008, de hecho, la misma juez que acaba de archivar la demanda española se inhibió en el caso al entender que excedía su competencia. Nunca Máis reaccionó entonces presentando una ampliación de su querella inicial en España en la que también acusaba a ABS. La jueza de Corcubión admitió a trámite la demanda pero después de que el Tribunal de Apelación de EEUU le diera la razón al Gobierno y ordenara seguir el proceso, la imputación contra la empresa se vino abajo.
Esta "filigrana judicial" de Abogacía del Estado, en opinión del abogado de Nunca Máis, Pedro Trepat, le costará cara al Gobierno ya que ABS era el único "responsable solvente" imputado por el accidente del Prestige y ya no hay posibilidad de intentar juzgarla en España porque el delito ha prescrito.
La única vía judicial para lograr indemnizaciones es el proceso que se sigue en España, en el que hay cuatro acusados directos y también se exigen responsabilidades económicas a la empresa aseguradora, a las dos armadoras, al Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos y al propio Estado español. Trepat, con todo, duda de la "solvencia" de las "empresas fantasma" que hay tras el Prestige y aunque su responsabilidad sea limitada, cree que el único que pagará será el Estado.
