La lista de viviendas, hoteles y naves amenazadas por la piqueta aumenta. En 2011, las excavadoras de la Xunta duplicaron las demoliciones de edificaciones ilegales: un total de 72 frente a las 38 del año anterior. Pese al aumento de la actividad inspectora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente creada en 2008 por el bipartito, su presupuesto cayó en un 10% en los últimos tres años. En concreto la partida destinada a las demoliciones se ha reducido a menos de la mitad de la asignada en 2009, hasta caer por debajo de los 300.000 euros.

Durante su comparecencia ante los medios para hacer balance de la actividad de la APLU, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, atribuyó el aumento de derribo pese a este recorte presupuestario al aumento del número de casos en los que el infractor asume las obras para evitar un mayor perjuicio económico.

El objetivo de los inspectores de la APLU es poner fin a la política municipal del vai facendo. "Hay que terminar con la antigua sensación de que no pasa nada por construir donde no se debe o por obrar sin licencia", advirtió Hernández, acompañado por la directora de la agencia urbanística, María Martínez Allegue.

Particulares, promotores e incluso concellos están en el punto de mira del Gobierno gallego por infracciones urbanísticas que acarrean multas de hasta un millón de euros. Desde el año 2008, la APLU -entidad a la que están adheridos un total de 57 concellos- impuso sanciones en materia de urbanismo que rondan los 15 millones de euros -de ellos 5,4 en 2011, el doble que el año anterior-. Una cantidad que se reparte al 50% entre Xunta y concellos integrados en la APLU ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones.

En cuanto al número de expedientes de reposición de legalidad y sancionadores, la APLU resolvió el año pasado un total de 207, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2010.