La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto un expediente de investigación a la Diputación de Ourense por presunto fraude y corrupción en la gestión de fondos europeos. Así lo confirmó ayer el comisario europeo de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el fraude, el griego Algirdas Semeta, en respuesta a una pregunta formulada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda.

La apertura del expediente se sustenta en que existen "sospechas suficientemente fundadas de que se tienen cometido actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea", según informó Miranda.

Ya el pasado mes de febrero varios inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude visitaron la Diputación de Ourense. En aquel momento, desde la corporación provincial se apuntó que se trataba de una visita "rutinaria" y le restó importancia.

La europarlamentaria del BNG sostiene, sin embargo, que la respuesta que ayer dio la Comisión Europea "es rotunda" en cuanto a los motivos por los que se investiga la gestión de la Diputación y que, en su opinión, "desmienten" las explicaciones oficiales dadas por parte de la institución provincial, en las que restó importancia a la visita de los técnicos comunitarios el pasado febrero.

Y aunque la Comisión Europea no aporta información adicional sobre los detalles del expediente abierto a la cámara ourensana, como así solicitaba la eurodiputada nacionalista en su interpelación, alegando que "el caso está en curso", la investigación afecta a los proyectos denominados Daredo y Deputrans, para la instalación de depuradoras en concellos de la provincia, dentro del sistema de tratamientos de aguas residuales, y al plan PedeCE sobre centros ecuestres, todos con inversiones aprobadas que ascendían a 23,5 millones de euros.

También se incluiría el proyecto denominado Estaciones vivas, espacios vivos, de remodelación de estaciones ferroviarias, por el que también preguntó Ana Miranda interesándose por el uso que la Diputación hizo de los fondos europeos que se integran en la iniciativa Interreg III para acciones conjuntas entre España y Portugal y que estaban cofinaciados por el Feder.

Sobre estos proyectos europeos también se había interesado el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, que por medio de una pregunta parlamentaria reclamaba información sobre las inspecciones de la OLAF, tanto en los relacionados con la adquisición de depuradoras de aguas residuales domésticas para varios concellos, y reclamaba información a la Comisión Europea sobre si el Plan de Estaciones estaba siendo ejecutado por la Diputación, a través del Inorde, de forma correcta.

Ante los últimos acontecimientos, el portavoz socialista en la Diputación, José Ignacio Gómez, consideró ayer que el presidente Manuel Baltar "tiene ya que pedir responsabilidades políticas a quién corresponda por el presunto fraude con los fondos europeos". Y subrayó que el PP rechazó en el último pleno la creación de una comisión de investigación intentando restarle importancia a este asunto, un caso que califica de "gravísimo", debido a que por parte de la UE no solo se habla de fraude sino también de corrupción.

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, que el pasado mes de febrero tomó el relevo a su padre al frente de esta institución, aseguró ayer que desconoce el expediente abierto por la Unión Europea por presunto fraude y corrupción. Según explica la cámara provincial, no les consta novedad alguna en relación a los proyectos europeos Daredo y Deputrans y señalan que desde la visita realizada por técnicos de la OLAF el pasado mes de febrero no se recibió ninguna nueva notificación.

Baltar esperará a recibir una comunicación oficial para pronunciarse sobre el expediente de investigación abierto a la Diputación. "Ana Miranda puede hablar de lo que quiera pero aquí vamos a estar en la realidad. No sería la primera vez que un partido político habla de oídas", indicó ayer Baltar Blanco, que abogó por esperar a "tener conocimiento oficial de la Unión Europea" y de esa forma "conocer exactamente el contenido del escrito, si es que existe".

Los planes de construcción de depuradoras ya habían sido objeto de polémica en el seno de la Diputación. PSOE y BNG habían criticado la selección de los proyectos. "Se me haría durísimo pensar que hay algo oculto en la elección de las EDAR", les había respondido José Luis Baltar, que entonces presidía la cámara ourensana e incluso llegó a asumir públicamente el compromiso de "tomar medidas", algo que finalmente no hizo.