A Coruña fue caja de resonancia de toda la vida política de Galicia, e incluso de España, gracias a ser sede de la Capitanía General. La promulgación de una Constitución, el nacimiento de un príncipe, una victoria en África, un matrimonio real eran conmemorados y a esas fiestas oficiales en ocasiones se sumaba el pueblo y convertía el acontecimiento en una fecha histórica.

Así que no es de extrañar que la pretensión de trasladar la Capitanía coruñesa a León, en 1893, cayese como un mazazo en la ciudad, que temió perder buena parte de la influencia de la que gozaba.

A Coruña se desayunó el 12 de marzo de ese año con la noticia en el periódico. El ministro de la Guerra López Rodríguez había dispuesto una nueva distribución territorial militar en el país amparándose en razones de economía y estratégicas, que suponía el traslado a León de la Capitanía coruñesa.

Políticos, miembros del clero, profesionales, comerciantes, militares... todas las fuerzas vivas de la ciudad de unieron al clamor popular contra la medida impulsada por el gobierno de Mateo Sagasta, que la ciudad sintió como un ultraje en toda regla.

El alcalde José Soto se puso de inmediato al frente de la causa y tras reunir a la corporación convocó en el Ayuntamiento a las fuerzas vivas para decidir cómo evitar la afrenta. Hubo una auténtica guerra de telegramas entre las autoridades locales y de Madrid, pero en vano. El Gobierno no se doblegó y publicó el decreto con la reforma tal como la había previsto.

La Reunión Recreativa e Instructiva del Círculo de Artesanos movilizó a sus socios y pidió a la corporación municipal que dimitiese en señal de protesta. Creó una comisión, que sería el germen de la Junta de Resistencia, más tarde llamada Junta de Defensa de Galicia.

Las dimisiones se sucedieron en cadena: los miembros de la Diputación, de Obras del Puerto, Cámara de Comercio, Sanidad, Instrucción Pública... El creciente movimiento ciudadano aglutinó a todo tipo de ideologías y clases y se unieron desde banqueros como Pedro Barrié y Pastor o exalcaldes como José Marchesi Dalmau a los canónigos de la catedral de Santiago, numerosos párrocos y el abad de la Colegiata de Santa María.

La protesta ya no se ceñía a la ciudad de A Coruña, sino que fue de Galicia entera y gracias, en buena medida, al papel del ilustre médico y exministro Ramón Pérez Costales, que se encargó de redactar el manifiesto reivincativo.

El 28 de junio, la Junta de Defensa difundió una dura proclama ante el agravio del Gobierno a la ciudad. A partir de ese momento -decía- "se suspende el pago de toda contribución directa al Estado y, por consiguiente, los propietarios, fabricantes, industriales, comerciales, abogados, médicos, farmacéuticos, y todos aquellos que estén inscritos en el padrón industrial, se abstendrán de pagar las matrículas". Era toda una llamada a la desobediencia civil y quien la contraviniera sería declarado "traidor a la Patria".

Los miembros de la Junta, con el alcalde Soto a la cabeza, fueron procesados y llevados a la prisión de Santo Domingo. Unas 400 personas los acompañaron por las calles hasta el lugar de reclusión. Los balcones de las casas por donde pasaban se vistieron de luto, menos los de los procesados, que exhibían la bandera blanca de A Coruña con el lazo carmesí. El pueblo se volcó en llevarles alimentos a la prisión.

Con la Junta detenida, se formó otra segunda para sustituirla en la lucha. La protesta era imparable y el Gobierno tuvo que rectificar. El 10 de septiembre restituyó a la ciudad la sede militar. El general Azcárraga actuó como valedor. Desde entonces da nombre a la plaza frente a la cual se haya el edificio de Capitanía, del que ahora se cumplen 250 años.