El alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela; el número dos de Carlos Negreira en A Coruña, Julio Flores, y el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez son tres de los 18 imputados por cohecho citados hoy a declarar ante la juez de la operación Pokemon, una supuesta trama de corrupción en la que, presuntamente, los imputados favorecían las adjudicaciones de contratos públicos a la empresa Vendex a cambio de favores, regalos o dinero.
Rey Varela tendrá que explicar ante la juez el supuesto pago de 3.000 euros de Vendex; Julio Flores, la entrega de 5.000 euros, y Rodríguez, de 1.500 euros, tal como sospecha Vigilancia Aduanera, tras cruzar conversaciones telefónicas pinchadas a los dirigentes del grupo empresarial con estos tres políticos con documentación incautada en los registros de la sede de Vendex, en la que constan apuntes de dinero. Todos se han declarado inocentes. El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ha sido citado por Pilar de Lara en calidad de testigo y comparecerá a partir de las 10.00 horas. También está llamado el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, pero no podrá acudir a Lugo porque hoy se enfrenta a otra causa en el juzgado de lo penal número uno de Ourense, donde será juzgado por un delito de prevaricación continuada en la contratación de 104 empleados públicos en la Diputación. De Lara interrogará además al popular Ángel Espadas, que fue mano derecha del primer alcalde de Santiago que dimitió esta legislatura, Gerardo Conde Roa.
Hace una semana la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo citó de urgencia a 21 personas para esclarecer el contenido de un informe de los agentes de Vigilancia Aduanera sobre los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago de Compostela, Ribeira, Boqueixón, Verín y Arteixo. En el documento se establece que Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, máximo responsable del grupo Vendex, ha realizado "pagos de elevadas sumas de dinero sin causa justificada aparente a distintas personas con cargos institucionales y/o políticos en entidades con las que además está vinculado el grupo Vendex mediante contratos públicos".
