El fiscal del caso Prestige, Álvaro García Ortiz, no tiene mucha confianza en que el Tribunal Supremo atienda sus peticiones y acepte el recurso que presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvió en noviembre de 2013 al capitán del buque, Apostolos Mangouras, de delitos contra el medio ambiente. Lo reconoció ayer en Bergondo durante el primer curso de la escuela de verano de la Fiscalía Superior de Galicia.

Casi una veintena de las partes presentes en el juicio por la mayor catástrofe medioambiental de Europa presentaron otros tantos requerimientos ente el Supremo. Una de ellos fue la Fiscalía. Sin embargo, ayer García Ortiz admitió que alberga "poca esperanza" de que el Alto Tribunal les dé la razón. La decisión se espera que se produzca después del verano.

La Fiscalía reclama que se condene al capitán del barco como única opción para que la operadora y la aseguradora afronten la póliza de 1.000 millones de dólares que tenían suscrita. En caso de que el Tribunal Supremo le dé la razón a la Audiencia Nacional no habrá indemnizaciones y a las partes solo les quedará la opción de acudir de forma individual a la vía civil. El fiscal solicita 4.328 millones de indemnizaciones en concepto de responsabilidad por los daños que provocó la marea negra tras el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002. Según García-Ortiz, determinar las cantidades a las que habría que hacer frente tiene "una complicación jurídica enorme y práctica, también".

Durante el curso de verano, el fiscal reconoció que, con 160 tomos en la causa, se convirtió en un proceso "muy difícil de manejar en el que hubo 2.128 partes". En los nueve meses de proceso oral se generaron 35 tomos más de pruebas.

También apuntó un "problema de gestión enorme" en el papel de la Administración y dijo que hubo "mentiras" y situaciones no deseables", pero que "desde el punto de vista penal no tiene reproche".

Citó la legislación francesa donde existe la "responsabilidad de las personas jurídicas". Puso el ejemplo de que si fallecía el capitán del barco, la Justicia española no tenía nada que hacer, frente a países como Francia donde "se mima a las víctimas, se les escucha y se les da audiencia", además de que se pueden sentir afectadas "personas jurídicas y asociaciones".

Durante el juicio oral que se alargó durante nueves meses hubo más problemas por las diferentes estrategias, entre las que el fiscal destacó la querella del armador contra tres funcionarios españoles que extrajeron del barco la documentación antes del naufragio, y también un papel en el que Mangouras escribía que la corrosión era destacable. También desveló que algunos de los peritos que intervinieron en el juicio "todavía no cobraron" sus minutas.

La singladura del caso Prestige ha estado marcada por su longevidad. La instrucción duró nueve años al recaer en un juzgado, el de Corcubión, con escasos medios materiales. Hasta seis jueces investigaron la catástrofe. El juicio se alargó durante nueve meses. Y en noviembre de 2013, coincidiendo con el undécimo aniversario del hundimiento, se dictó la sentencia que absolvía a Apostolos Mangouras. Después llegaron los recursos de una veintena de las partes. En un principio, la resolución se iba a producir en el primer trimestre de este año, pero se ha retrasado. La última fecha que se ha dado es tras el verano.