Un año después de la entrada en vigor de la obligación de rematar el exterior de las viviendas, miles de casas siguen levantadas en la comunidad con ladrillo o cemento a la vista. La reforma de la Lei do Solo dejó en manos de los ayuntamientos la potestad de sancionar a los propietarios que no acaten la orden de finalizar sus fachadas, una infracción que puede llegar hasta los 25.000 euros en 15 meses si se desobedecen los requerimientos. Pero por ahora la multa no es el camino por el que apuestan Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) y Xunta, que abogan por aplicar la "pedagogía" con los dueños antes que la sanción.

En un encuentro mantenido ayer con la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, el presidente de la Fegamp, Alfredo García, apostó por que cada ayuntamiento haga un censo de las viviendas inacabadas. Según un estudio realizado por el arquitecto Carlos Fernández Coto, en la comunidad hay unas 50.000 casas sin rematar.Aplu

Para tratar de avanzar en la remodelación de las viviendas inacabadas en la comunidad con el objetivo de proteger y recuperar el paisaje y luchar contra el feísmo, Xunta y Fegamp estudian la posibilidad de que la adhesión de un concello a la APLU -en la actualidad son 64 los concellos que delegaron sus competencias en materia de urbanismo en la agencia- "dé cobertura" a la exigencia de terminar las fachadas. "La ley está para cumplirse", apuntó el presidente de la Fegamp, al tiempo que advirtió de que el proceso es "complejo" ya que hay diferencias entre ayuntamientos en el número de viviendas sin rematar. Y por ello, defendió la creación de un censo por parte de los concellos: "A partir de ahí lo que hay que hacer es una pequeña labor de pedagogía", defendió el también alcalde de O Barco.

"El siguiente paso no es abrir ya expedientes sancionadores, ni dar plazos para que se terminen las obras, sino hablar con los propietarios, ver cada caso, y explicarles que esa casa hay que terminarla. Por convencimiento, primero y por legalidad, después", sentenció García.

En la misma línea, la conselleira de Medio Ambiente incidió en que la Lei do Solo "no tiene fin recaudatorio", sino que aboga por centrarse en la "pedagogía" antes que en el uso de la "herramienta" de la sanción.

Tasa del agua

Tasa del agua

Durante el encuentro, Xunta y Fegamp también avanzaron en el pacto del agua, con el que pretenden conseguir que las tasas por el servicio sean lo más homogéneas posibles en todos los concellos. A partir de ahora el Ejecutivo autonómico y el órgano de poder local tendrán que establecer unos baremos para definir el coste.

Por otra parte, García puso sobre la mesa la necesidad de "replantear" el conocido como impuesto de plusvalía tras su anulación en reciente sentencia por el Tribunal Constitucional, de forma que cree que los ayuntamientos deben "intentar buscar otras vías de financiación". No obstante, señaló al Gobierno central como responsable de esta situación, por lo que le reclamó que "actualice" este impuesto "porque para que alguien tenga plusvalía tiene que tener beneficio de esa venta".