Las comunidades del Noroeste no están solas en la guerra abierta contra el Ministerio de Transición Ecológica por su decisión de declarar el lobo una especie protegida pese a no contar con el consenso de todos los territorios. Además del apoyo de las organizaciones agrarias profesionales, las comunidades loberas —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León—, con el 95% de los cánidos de toda España, recrudecerán su batalla para que el Gobierno central dé marcha atrás en el blindaje del cánido, lo que en la práctica supone la prohibición de su caza en toda España. La presión a partir de ahora no solo la ejercerá el frente del Noroeste sino que otras cinco autonomías y la ciudad de Ceuta y se sumarán a su cruzada para dejar sin efecto la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).
Durante un encuentro telemático celebrado ayer, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía junto con Ceuta, además de las organizaciones agrarias nacionales y autonómicas, trasladaron su apoyo a la postura defendida por las regiones al norte del Duero para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que “reflexione” y “pondere las consecuencias” de declarar el lobo una especie protegida en todo el territorio nacional, pese a que las comunidades loberas cuentan con planes de gestión para “garantizar el equilibrio entre la gestión de la especie y la actividad agroganadera”.
Las comunidades y las organizaciones agrarias reunidas ayer por iniciativa del Noroeste acordaron recoger sus argumentos en una carta abierta que será remitida al departamento que dirige Teresa Ribera y en la que las autonomías reiteran su rechazo a la reducción del marco competencial y de actuación para gestionar la especie, tal y como llevan haciendo hasta ahora.
Desde que el pasado mes de febrero la comisión estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad sacó adelante con el voto del Ministerio de Transición Ecológica el acuerdo para declarar la protección del lobo en toda España, ahora limitada a los territorios al sur de Duero, las comunidades loberas no han dejado de moverse para forzar una rectificación del Gobierno y abrir un proceso de diálogo para diseñar una nueva estrategia del cánido, con las comunidades loberas al frente de su diseño por la “experiencia” y “conocimiento” sobre el futuro del depredador.
“Estamos dispuestos a gestionar el lobo ibérico, pero esta gestión siempre tiene que estar basada en el respeto al mundo rural, en la coexistencia y en la convivencia”, defendió la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras la reunión mantenida ayer con sus homólogos de nueve autonomías más, a la que también se sumaron las organizaciones agrarias nacionales: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Previamente, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, mantuvo un encuentro por videoconferencia con las asociaciones agrarias autonómicas: Uniones Agrarias, SLG y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga).
La conselleira trasladó además que la carta “es un documento abierto para que firmen todos aquellos que quieran hacerlo” y, sobre todo, “es un mensaje de colaboración y diálogo con el Gobierno central”. Pero el Noroeste recuerda al Ejecutivo que las comunidades loberas “defienden que los valores culturales, científicos o ecológicos del lobo, así como el objetivo de conservar la especie, son la piedra angular de los planes de gestión”.
Desde el PP nacional, manifestaron ayer su apoyo “incondicional” a la ganadería extensiva frente a la inclusión del lobo como especie de protección especial, lo que —a su juicio— muestra “la deriva ideológica” del Gobierno.
Científicos defienden la protección del cánido como “especie clave”
Del lado del Gobierno central se ha posicionado la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que defiende la protección del lobo como “una especie clave en los ecosistemas”. “Favorece la biodiversidad, produciendo un efecto positivo de cascada trófica”, argumenta la entidad científica, para la que el acuerdo de Transición Ecológica “daría cumplimiento a la normativa legal sobre conservación de la biodiversidad”. El colectivo asegura que la “población ibérica de lobos se encuentra en la categoría de casi amenazada, próxima a vulnerable”, y ha advierte de “la falta de un plan de manejo poblacional”. Según la SGHN, se está “provocando una mortalidad anual que podría estar próxima a la tasa de reclutamiento, impidiendo su dispersión natural”. Por ello, cree “necesaria una protección estricta de todas las poblaciones de lobos de la península ibérica, como ya están las existentes al sur del Duero y Portugal”. Para la SGHN, el plan anunciado por el Gobierno central está en “línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”. Y concluye que los controles “letales” sobre el lobo “no reducen los daños a la ganadería, incluso los incrementan, debido a la desestructuración de las manadas en relación a su comportamiento social”.
