El Gobierno rompe con la Lei de Saúde cuatro años sin impugnar normas de la Xunta

La última vez que el Gobierno había impugnado una ley de la Administración gallega había sido en septiembre de 2016, cuando cuestionó tres preceptos de la norma de medidas fiscales y administrativas, que había impulsado el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. Los tres preceptos estaban vinculados con el cálculo de la retribución del servicio en el sector eléctrico. El recurso de inconstitucionalidad se planteó por motivos competenciales al considerar el Gobierno que los preceptos impugnados no respetaban el orden constitucional de distribución de competencias.

La normativa de la Xunta abordaba los cobros indebidos por la sustitución de equipos de medida de consumo; la obligación de facturar basándose en las prestaciones reales y no en cálculos estimados y que se garantizase una potencia eléctrica suficiente en los polígonos industriales. En febrero de 2017, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso del Gobierno y declaró inconstitucionales y nulos la mayoría de los preceptos impugnados.

Esta había sido la última vez que el Ejecutivo central había presentado un recurso ante el Constitucional por una ley de la Xunta. Hasta el pasado mes de mayo, cuando impugnó ante el TC la modificación de la Lei de Saúde de la Xunta, lo que ha provocado la suspensión de los artículos afectados.

El Ejecutivo planteó la impugnación al considerar que la norma autonómica introduce “restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales” que, según el artículo 81 de la Constitución española, están reservadas a una Ley Orgánica.

En su recurso, el Gobierno central alega que la ley gallega incluye “limitaciones de derechos fundamentales y puede infringir la reserva de la ley orgánica en materia de desarrollo de estos derechos”.

El Gobierno pone como ejemplo el artículo 5 de la norma, que establece, entre otras medidas preventivas en materia de salud pública, el control de las personas enfermas por COVID, el aislamiento en domicilio o centro hospitalario o que la comunidad autónoma pueda someter a “medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o la inmunización”. Es decir, la vacunación obligatoria. La admisión a trámite del recurso del Ejecutivo ha supuesto la suspensión cautelar de la norma a la espera de que los magistrados resuelvan el fondo del asunto en un plazo máximo de cinco meses.

Pero el Gobierno no es el único que impugna leyes de la Xunta. También ocurre al contrario. La última vez que sucedió fue en octubre de 2012 cuando el Ejecutivo gallego interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que anulaba las primas a las energías renovables. El Constitucional desestimó el recurso de la Xunta.

En los últimos 40 años, Gobierno gallego y central se han cruzado 131 impugnaciones a sus leyes, un balance que la convierte en la cuarta comunidad con el mayor volumen de litigios de este tipo, por detrás de Cataluña y País Vasco. Pero ¿quién ha presentado más recursos? ¿El Ejecutivo central? ¿O la Xunta?

Desde 1980 y hasta el primer trimestre de este año, el Estado ha presentado un total de 47 imputaciones contra leyes y normas aprobadas por el Ejecutivo gallego, mientras que en el sentido contrario han sido 84, según el Boletín de Conflictividad entre el estado y las comunidades autónomas, que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la cabeza en la particular clasificación de las comunidades que más impugnaciones a sus leyes han recibido de los respectivos Gobiernos en las últimas cuatro décadas está Cataluña (185), seguida de País Vasco (97). La tercera es Galicia.

En los últimos cinco años, Galicia ha recibido una; País Vasco, tres, y Cataluña, 28, lo que pone de manifiesto el conflicto que viven el Gobierno central y el Ejecutivo catalán.

Las impugnaciones se dividen en conflictos y recursos de inconstitucionalidad. Los primeros están reservados para normas que no tienen rango de ley. Desde 1980, el Estado ha interpuesto 24 contra Galicia. Los segundos se presentan cuando lo que se impugna es una ley. En este caso han sido 23.

Las 47 impugnaciones que ha recibido la Xunta han tenido un comportamiento dispar. Once fueron desestimadas, ya que se llegó a un acuerdo en las diferentes comisiones bilaterales Estado-Galicia que se crean para negociar estas discrepancias. La gran mayoría (35) han sido sentenciadas por el Tribunal Constitucional, mientras que solo una queda pendiente de que se resuelva: la Lei de Saúde.

Pero no solo el Gobierno reclama a la comunidad. Esta también lo hace con el Estado. En los últimos 40 años, la Xunta ha impugnado un total de 84 normas y leyes nacionales. De ellas, 53 fueron conflictos y 31 recursos. Una quincena se desestimó, 69 recibieron sentencia, y ninguna está pendientes de ser estudiada. En los últimos ocho años, la comunidad gallega no ha presentado ninguna queja ante el Tribunal Constitucional contra el Estado.

En este apartado, Galicia es la cuarta comunidad que más recursos y conflictos ha presentado al Gobierno central desde 1980. La superan Cataluña (419), País Vasco (194) y Andalucía (93).

La primera ha realizado nueve en los últimos cinco años; la segunda, cinco, y la tercera, uno. Lo que vuelve a demostrar la conflictividad que existe entre los Gobiernos de España y Cataluña. Las 419 de la Generalitat catalana suponen más de un tercio del total (1.130).

El Ejecutivo central y las 17 comunidades se han cruzado 1.757 impugnaciones de leyes y normas desde el arranque del Estado de las Autonomías en 1980 y hasta el pasado mes de marzo. El 58% ha tenido como protagonista a las tres comunidades históricas: Cataluña (34%), País Vasco (16%) y Galicia (7%). Aún quedan por resolver 12, de las que cinco son de Cataluña. La tres más antiguas datan de 2017. En 2020 el Tribunal Constitucional sentenció dos asuntos.