Un automovilista donostiarra paga un 46% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 150% más que uno domiciliado en Tenerife. En la actualidad, la diferencia entre la tributación máxima y mínima se aproxima al 700%. En el caso de A Coruña, el impuesto de rodaje es el más caro de las capitales de provincia gallegas, un 3% por encima de la media autonómica y hasta un 16% más que Pontevedra, la ciudad con la tarifa más baja en la comunidad y que está entre las diez consideradas paraíso fiscal del automóvil en España. Estas diferencias tributarias llevan a cada vez más contribuyentes a cambiar su domicilio fiscal para rascarse lo menos posible el bolsillo, lo que ha provocado que pueblos con apenas 500 habitantes tengan miles de vehículos matriculados.

Desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local denuncian que la falta de control por parte de la DGT a la hora de admitir cambios de domicilio del permiso de circulación ha favorecido la aparición paraísos fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Esta falta de control, advierte, provoca la “deslocalización” ficticia de vehículos de compañías de renting hacia municipios con menor tributación donde abren presuntamente locales fantasma como tapadera. La tasa, que cada municipio regula aplicando un coeficiente sobre las cuotas mínimas exigidas para cada tipo de vehículo según su potencia, número de plazas, capacidad de carga útil y cilindrada, deja márgenes tan amplios que han dado lugar a la creación de los llamados paraísos fiscales del motor. Entre las distintas provincias españolas e incluso localidades de una misma comunidad, la diferencia puede ser hasta ocho veces superior.

Según denuncian los inspectores, algunos ayuntamientos instrumentalizan esa autonomía a su favor no haciendo uso del coeficiente multiplicador que puede llegar a duplicar la cuota o aplicando bonificaciones, con criterios poco restrictivos, de hasta el 75% para atraer a esas grandes flotas. Esto explica que haya localidades con más de 100 coches por habitante, a pesar de que en la práctica no exista “ni rastro” de esos automóviles.

El colectivo considera que este “mal casi endémico” puede tener su fin más cerca tras una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 10 de Barcelona. El fallo respalda a la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Barcelona y desestima un recurso presentado por una compañía con una sucursal ficticia en la comarca del Bagés (Barcelona). A raíz de la sentencia, varios ayuntamientos prevén iniciar actuaciones inspectoras en breve, regularizando el IVTM por los últimos cuatro años a las grandes flotas como si hubieran permanecido en su ciudad, cuando así haya ocurrido.